Duhalde arremete contra el 'corralito' judicial

La ilegitimación del 'corralito' por parte de la Corte Suprema de Justicia argentina desató la batalla entre el presidente Eduardo Duhalde y los máximos jueces. El Gobierno, en respuesta, decretó la continuidad de las restricciones bancarias y congeló cualquier recurso contra éstas por seis meses. La pugna tiene trasfondo y aristas. Duhalde acusó a la Corte de favorecer, con su fallo, a los involucrados en una operación de fuga de capitales.

La investigación judicial aceleró el inicio del juicio político a los máximos magistrados y la creación de una comisión parlamentaria

El viernes 1 de febrero, la Corte Suprema lanzó el guante al Gobierno de Eduardo Duhalde declarando la inconstitucionalidad del llamado corralito financiero. La Corte, en su primera reunión oficial tras el receso veraniego, asestó un golpe tremendo a un Ejecutivo que desde que asumió sale de una batalla para entrar en otra. Unos días después, Duhalde decreta el mantenimiento del corralito y bloquea cualquier trámite judicial contra éste por seis meses. El pasado jueves, la Cámara de Diputados argentina inicia el juicio político al máximo tribunal del país.

En las semanas previas a la decisión de la Corte, el ex presidente Carlos Menem y Duhalde se enfrentan duramente. La mayoría de los nueve miembros del máximo tribunal, y en especial su presidente, Julio Nazareno, son menemistas. Paralelamente, la juez federal María Servini de Cubría abre una investigación que involucra a 16 bancos, argentinos y extranjeros (entre éstos alguna sucursal del BBVA-Francés y HSBC), por la fuga de 25.000 millones de dólares del país a pesar del corralito. Duhalde acusa a la Corte de favorecer a los sospechosos en esta investigación con la declaración de la inconstitucionalidad del corralito; porque si el corralito no es legal, tampoco la salida de capitales vulnera la ley.

La juez Cubría trata de demostrar la relación de las transferencias ilegales al exterior con la quiebra fraudulenta de empresas y el lavado de dinero. El 'sistema financiero paralelo', tal como lo llaman en el juzgado, consistiría en una red que opera por lo menos desde 1984. El estado de alerta, movilización y presión ciudadana durante el último mes fue decisivo para que se pusiera en marcha la investigación. La agudización del enfrentamiento entre Menem y Duhalde también contribuyó.

Lucha entre peronistas

Menem apoyó abiertamente al fugaz ex presidente Adolfo Rodríguez Saá y criticó duramente a Duhalde casi inmediatamente después de asumir la presidencia de la República. Menem ya se había encargado de sembrar de espinas el camino de Duhalde en las elecciones de 1999, cuando cayó derrotado ante De la Rúa. El dúo Menem-Duhalde arrasó en las elecciones de 1989, pero unos años después la relación se rompería debido a que el primero no cumplió el compromiso de alternarse en el poder.

Las denuncias anónimas, según fuentes del juzgado, guiaron a la juez. Un correo electrónico recomendó visitar el sótano del despacho de Héctor Camblor, contable del Banco General de Negocios (BGN). Camblor ocupaba dos apartamentos en el sexto piso de un edificio de la céntrica avenida de Rivadavia, a sólo siete calles de la Casa Rosada, sede del Gobierno, y disponía de un ascensor privado para el acceso directo a una bóveda de 16 metros cuadrados y paredes de 40 centímetros de espesor, levantada en el subsuelo como si fuera el tesoro de un banco. Los bomberos demoraron cuatro horas en forzar la puerta de acero.

Servini de Cubría había comenzado a investigar al BGN por una supuesta estafa de 250 millones de dólares que involucraba a los hermanos José y Carlos Rohm, directores y socios de la entidad. Carlos fue detenido cuando ya había embarcado en un avión con destino a Suiza y su hermano logró escapar horas antes en un vuelo a Nueva York, donde permanece. El escándalo que involucraba a los Rohm tuvo repercusión política por las relaciones que ambos mantenían con los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. En la revisión de los papeles del BGN, el juzgado comprobó que había operado ilegalmente a través de su controlada Compañía General de Negocios, facilitando la transferencia al exterior de depósitos en dólares después de que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo impusiera, a comienzos del pasado mes de diciembre, las restricciones al retiro de fondos de las cuentas y levantara el cerco del llamado corralito financiero.

Los titulares de esos certificados resultaron ser en su mayoría miembros de familias 'tradicionales' de Argentina vinculadas entre sí por parentescos o matrimonios, herederos y portadores de apellidos que representan a la oligarquía ganadera, como Bordeu, Ayerza, Blaquier, Braun Lasala, Dodero, Heguy, Zuberbühler o Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981. Son más de 600 depósitos de entre 30.000 y más de un millón de dólares, que en total suman unos 70 millones de dólares y casi la mitad tienen fechas de renovación posteriores al 3 de diciembre.

En tandas de seis, 120 de los involucrados comenzaron a comparecer como testigos ante la juez para dar explicaciones. Todavía no hay cargos contra ellos, pero podrían ser acusados entre otros delitos por evasión de impuestos si se trata de fondos no declarados. Varios de los sospechosos se excusaron porque están de vacaciones fuera del país y otros se hicieron representar por sus abogados.

En la requisa del 'búnker' que administraba el contable Camblor, los investigadores encontraron estatutos de sociedades registradas en estudios jurídicos de Panamá, documentación en blanco con membrete del Banco Comercial de Uruguay, del que también eran socios los hermanos Rohm, títulos, recibos, instrucciones para responder a los inspectores, papeles de empresas declaradas en quiebra y comprobantes que permitirían descifrar la ruta del lavado de dinero, un delito por el que se acusó y se investiga también al Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Gaith Pharaon, vinculado a su vez con Alberto Kohan, ex secretario general del gobierno y principal asesor del ex presidente Carlos Menem.

El resultado de las pesquisas en caso de la fuga de capitales y la protesta social impulsó el juicio político a los magistrados de la Corte, y también la creación de una comisión parlamentaria para analizar a fondo estas operaciones. El resultado de las investigaciones puede ser el primer paso para que los políticos y jueces argentinos recuperen parte de la confianza ciudadana, una vez que ha quedado demostrado que el mejor plan económico, sin transparencia y seguridad jurídicas, no basta para reflotar el país.