Birulés asegura que sólo un juez podrá cerrar una publicación digital

¿Quién está sujeto a la ley? La LSSI no afecta sólo a quienes hagan transacciones económicas a través de redes telemáticas como Internet o televisión por cable -excluye el teléfono oral, fax, radio y televisión-. La ley entiende por servicios de la sociedad de la información todo servicio prestado 'normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario'. Aunque el servicio sea gratuito, la ley comprende aquellos servicios no remunerados 'que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios'. En este concepto entran, por ejemplo, páginas informativas de acceso gratuito que alberguen publicidad, incluso aquellas páginas personales que consiguen un pequeño anuncio de patrocinio para pagar el hospedaje en la Red.

¿Exige autorización previa? La prestación de servicios en Internet no está sujeta a autorización administrativa previa.

¿Quién ha de registrarse? La ley no crea registros específicos para quien comercie en Internet. Aquellas personas, físicas o jurídicas, que ya tengan la obligación de figurar en un registro de los ya existentes -Mercantil u otro público-, deberán incluir en el mismo sus nombres de dominio (dirección) en Internet. Los responsables de un sitio de Internet deben incluir en una de sus páginas los datos que permitan 'establecer con él una comunicación directa y efectiva'.

¿Quién puede cerrar una 'web'? Cuando se atente a principios que enumera la ley -salud pública, defensa nacional, dignidad de las personas, entre otros- se podrá interrumpir el servicio o 'retirar los datos que los vulneren'. La ley habla de 'autoridad competente' porque sólo podrán hacerlo aquellas instancias administrativas o judiciales que tienen competencias para hacerlo con arreglo a la actual legislación. Por ejemplo, si Sanidad puede retirar un fármaco de un establecimiento también podrá retirarlo de Internet. En cambio, en supuestos delitos de opinión, como sucede con los secuestros cautelares de prensa escrita, sólo podrá hacerse con orden judicial.

¿Quién es responsable de los contenidos en Internet? Su autor. Los servidores de acceso, por ejemplo, no están obligados a conocer el contenido de las webs que albergan o transmiten. Serán responsables y no podrán alegar desconocimiento si una autoridad competente ha declarado la ilicitud de los datos de la citada web o se hubiera declarado la existencia de lesión y el prestador conociera la citada resolución. Los prestadores de servicios 'deberán permitir' a los agentes de la administración competente 'el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante para la actividad de control'.

¿Prohíbe el spam? Sí. El envío masivo de comunicaciones promocionales o publicitarias no solicitadas queda taxativamente prohibido. El destinatario deberá haberlas solicitado o autorizado.

¿Qué validez tiene un contrato electrónico? Producirán todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico. No se aplica a contratos relativos a derecho de familia y sucesiones y cuando deba intervenir un tercero (notario, registrador...) 'se regirán por su legislación específica'. El contrato electrónico es admisible como prueba judicial.

¿Fija sanciones? Se establecen infracciones muy graves, graves y leves. En el primer caso, la multa oscila entre los 300.001 euros y los 600.000. La reincidencia con dos o más infracciones muy graves 'podrá dar lugar a la prohibición de actuación en España durante un máximo de dos años'. Las multas por infracciones graves van desde los 60.001 euros a los 300.000, y las leves oscilan entre los 3.000 y los 60.000 euros. Cuando la infracción la haya cometido un servidor que no es miembro del Espacio Económico Europeo, la autoridad podrá exigir al proveedor de Internet que facilita el acceso al sitio desde España que lo impida durante un periodo que va desde los seis meses a los dos años, según la gravedad de la infracción. Cuando la autoridad dicte medidas provisionales en un procedimiento sancionador, si no se cumplen, podrá imponer multas de hasta 6.000 euros por cada día que transcurra sin que se adopten.

¿A qué tribunal puede dirigirse el consumidor ante un conflicto con la tienda virtual? La normativa española se aplica a los contratos que los consumidores celebren con prestadores establecidos en España. También se aplicará la ley española a las compras que efectúen a prestadores de servicios de otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein), siempre que la normativa española sea más beneficiosa para el consumidor que la legislación del país en que resida el prestador de servicios. Si la compra se realiza a un prestador establecido en un país que no pertenezca al Espacio Económico Europeo, la legislación española sólo será aplicable si los consumidores españoles compran en tiendas virtuales que dirijan su actividad al mercado español o se hayan puesto en contacto con el consumidor a través de correo electrónico.