La oposición denuncia que la Ley de Internet es inconstitucional e intervencionista

La oposición ha denunciado hoy en el Congreso que el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, conocido como Ley de Internet, viola principios constitucionales y permite un alto grado de intervencionismo por parte de la Administración.

Los grupos han plasmado su queja en forma de nueve enmiendas a la totalidad -siete de ellas de devolución (de todas las agrupaciones del Grupo Mixto y del PNV) y dos con la presentación de un texto alternativo (del PSOE y de IU)- que han sido rechazadas por los populares.

Según los partidos de la oposición, el texto permite que la Administración cierre una página web

Estas agrupaciones han explicado durante sus respectivas exposiciones que la citada norma vulnera la Constitución al limitar las libertades de expresión, información y comunicación. Sin embargo, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, ha argumentado en la defensa del texto que esta Ley promueve la generalización del uso de Internet y fomenta la demanda y desarrollo de los servicios que se ofrecen a través de la red, aumentando la confianza y la seguridad jurídica y proporcionando un marco regulador estable.

En su opinión, la Ley protege a los ciudadanos a través del aumento de la información sobre los prestadores de servicios y pone las bases para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de información establecidos en la Constitución.

Para los partidos de la oposición, el Gobierno se ha reservado un alto grado de intervencionismo, hasta el punto de que puede llegar a acometer el "secuestro de publicaciones".

Según los partidos de la oposición, el texto permite que la Administración pueda decidir el cierre de una página web o la retirada de contenidos si considera que constituyen un delito, algo que en realidad sólo pueden hacer las autoridades jurídicas.

En cambio, la ministra ha sostenido que el texto "no introduce cambio alguno en las competencias de la Administración Pública y los juzgados y tribunales de justicia", con lo que, por ejemplo, sólo los órganos judiciales podrán decretar el cierre de un periódico en la red.

Según Birulés, la Ley establece los mecanismos suficientes para disuadir de la realización de conductas ilícitas y sancionarlas en el caso de que se den.

Además, la oposición -que coincide con el PP en que esta Ley es absolutamente necesaria- sostiene que parte de los artículos del texto deberían haberse incluido en una Ley Orgánica, ya que afectan a los derechos fundamentales.

En este sentido, la ministra ha asegurado que "el rango de la norma -Ley Ordinaria- es el adecuado porque versa sobre materias de derecho privado" y no desarrolla los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Directiva europea

Otra de las críticas al texto se basa en el argumento de que su contenido supera excesivamente a los de la directiva europea que pretende trasponer.

Esta directiva -que tenía que haber sido traspuesta el pasado enero- se refiere a la regulación del comercio electrónico, mientras que el texto del Gobierno abarca todos los servicios de la sociedad de la información.

En este sentido, la oposición cree innecesario que su ámbito sea tan amplio, máxime cuando no distingue claramente la regulación de los servicios que suponen una actividad económica como de los que no lo son (como las páginas personales o las de entidades sin ánimo de lucro).

En cambio, Birulés ha explicado que se ha creado una única ley para evitar la dispersión legislativa, acelerar el proceso de trasposición de la directiva y aumentar la coherencia de la regulación.

Respecto a las sanciones establecidas, la oposición cree que, incluso las correspondientes a faltas leves, son excesivas para las pequeñas y medianas empresas, que pueden llegar a provocar su quiebra. Otro efecto que puede tener el régimen de sanciones, según la oposición, es que cunda el miedo entre los agentes interesados en realizar una actividad en la red, por lo que, al contrario del objetivo último de la Ley, se va a desincentivar el desarrollo de la sociedad de la información.

La ministra ha sentenciado que la directiva comunitaria exige que las sanciones sean "efectivas, proporcionadas y disuasivas", por lo que se han establecido en función de "el tiempo de comisión de la infracción, la existencia de intencionalidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados, los beneficios obtenidos, la reincidencia y la facturación del infractor".