Los internautas recelan de ambigüedades en la LSSI

Ambigüedad. Esta palabra define el sentir de muchos internautas tras leer el definitivo redactado del polémico anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Una normativa que prohíbe el correo electrónico publicitario no solicitado (o spam) y que regula toda actividad en Internet u otro medio electrónico que genere ingresos o permita obtener beneficios económicos, ya sea una tienda virtual o una página web que cuenta con banners (espacios publicitarios) para pagar, por ejemplo, su hospedaje en la red.

Si muchos internautas se muestran a favor de 'un instrumento para protegernos del spam'; también temen todavía teme que la LSSI pueda cercenar la libertad de expresión. Y reclaman aclaraciones en el redactado de determinados artículos. 'Si tan claro lo tuvieran eso de que sólo un juez puede cerrar una web, entonces la ley está mal redactada. Propongo una campaña para que durante la tramitación parlamentaria de la ley se introduzcan y aprueben enmiendas que sustituyan la expresión 'autoridad competente' por 'autoridad judicial', decía Pobrecito Hablador en Barrapunto.

El Comando Tarifa Plana, impulsores de la campañá contra la LSSI a través del sitio web Mienten.com y de la lista de correo de MakyPress, publicaba el sábado las diez preguntas más frecuentes sobre la LSSI.

Unas respuestas que fueron replicadas en El Debate.com por un posteador llamado Iuris Prudente. Para Iuris Prudente está claro que la remisión reiterada que hace la ley a la legislación vigente obliga a interpretar que la 'autoridad competente' es la que exista actualmente. En el caso de delitos de opinión: el juez.

Una ley que para Amadeu Abril, representante español en el Gobierno de Internet (ICANN) asegura que 'no es una ley de Internet sino de las obligaciones que tiene los prestadores . La ley es positiva porque ya ha llegado, pero necesita mejoras. Cosa que queda demostrado con las explicaciones de la ministra Birulés: si tiene que salir la ministra para aclarar que para cerrar una web deberá intervenir el juez, significa que la ley no es suficientemente clara. Aún así, ésta es la mejor versión de todos los borradores que se han visto, pero hay aspectos que permanecen ambiguos'.

Otro temor son las sanciones: 'A partir de ahora cualquier empresa que facture menos de mil millones de pesetas tendrá que pensárselo dos veces antes de entrar a Internet. Son peores los peligros que las recompensas (la multa máxima es de 100.000.000 pesetas que facilmente puede llevar a la banca rota a una pyme o arruinar a un autónomo)', se quejaba otro internauta.