Batasuna queda excluida del control de los fondos reservados en Euskadi

Los partidos del Gobierno vasco (PNV, EA e IU), populares y socialistas se votaron ayer recíprocamente en el Parlamento vasco para elegir por consenso a los cinco integrantes de la comisión que debe controlar el uso de los fondos reservados y dejar fuera de ella a Batasuna. Esta formación reaccionó con durísimas acusaciones hacia el PNV, al que su portavoz, Antton Morcillo, acusó de 'pactar con Mayor Oreja' un acuerdo 'contrainsurgente' y de 'inventarse' la lista de amenazados por ETA.

Los cinco miembros de la comisión votados ayer serán Izaskun Bilbao (PNV), Carlos Urquijo (PP), Rodolfo Ares (PSE), Gorka Knörr (EA) y Antton Karrera (IU). La comisión la completa José Antonio Rubalkaba (PNV) en su calidad de presidente de la comisión de Instituciones e Interior. Batasuna seguirá excluida, como ya lo estuvo en la pasada legislatura, cuando ni siquiera presentó candidato. Ayer sí lo hizo y Jone Goiricelaya obtuvo el único voto de su compañero Antton Morcillo, frente al total del resto de los componentes de la comisión presentes (16), que se votaron los unos a los otros para obtener todos la mayoría cualificada (tres quintos) exigida por la ley.

Batasuna aprovechó este acuerdo -que Morcillo calificó de 'contrainsurgente' y destinado a 'alimentar la guerra sucia' y a 'preservar la impunidad policial contra la izquierda abertzale'- para lanzar un furioso ataque contra el PNV. Le acusó de tapar con 'un discurso abertzale' unas acciones que buscan 'el pacto con el Estado' y el aislamiento de Batasuna. Morcillo tachó de 'lágrimas de cocodrilo' la crítica del PNV a las decisiones del juez Baltasar Garzón de ilegalizar organizaciones como Segi. Asimismo, aseguró que Arzalluz realizó un 'montaje político-mediático' el fin de semana, al revelar la existencia de una lista -'inventada', dijo- de cargos del PNV amenazados que figuraban en documentos incautados a ETA en una casa de Toulouse a finales de enero. Morcillo retó al PNV a demostrar la veracidad de la denuncia de Arzalluz haciendo público el listado.

La ley de control de los fondos reservados vasca obliga al consejero de Interior a rendir cuentas dos veces al año sobre el uso de esta partida, cifrada en 1.153.943 euros (unos 192 millones de pesetas).