Los partidos excluyen a Batasuna de la comisión de fondos reservados

Los grupos del Gobierno (PNV, EA e IU) y populares y socialistas se votaron ayer recíprocamente para elegir por consenso a los cinco integrantes de la comisión parlamentaria que debe controlar el uso de los fondos reservados y dejar fuera de ella a Batasuna. La formación de Arnaldo Otegi reaccionó a su exclusión con durísimas invectivas contra el PNV. Su portavoz, Antton Morcillo, acusó al partido de Arzalluz de 'pactar con Mayor Oreja' un acuerdo 'contrainsurgente' y de haberse 'inventado' la lista de cargos peneuvistas amanezados hallada en poder de ETA.

Los cinco miembros de la comisión votados ayer son Izaskun Bilbao (PNV), Carlos Urquijo (PP), Rodolfo Ares (PSE), Gorka Knörr (EA) y Antton Karrera (IU). La comisión la completa José Antonio Rubalcaba (PNV) en su calidad de presidente de la comisión de Interior e Instituciones. Batasuna seguirá excluida, como ya lo estuvo en la pasada legislatura, cuando ni siquiera presentó candidato alguno. Ayer sí lo hizo y Jone Goiricelaya obtuvo el único voto de su compañero Antton Morcillo, frente al total del resto de los componentes de la comisión presentes (16), que se votaron los unos a los otros para obtener todos la mayoría cualificada (tres quintos) exigida por la ley.

Batasuna aprovechó este acuerdo parlamentario -que Morcillo calificó de 'contrainsurgente' y destinado a 'alimentar la guerra sucia' y a 'preservar la impunidad policial contra la izquierda abertzale'- para lanzar un furioso ataque contra el PNV. A su juicio, el partido de Xabier Arzalluz, está tapando con 'un discurso abertzale' unas acciones que buscan 'el pacto con el Estado' y la exclusión y aislamiento de Batasuna. Morcillo tachó de 'lágrimas de cocodrilo' la crítica del PNV a las decisiones del juez Baltasar Garzón de ilegalizar organizaciones como Segi, a las que atribuye formar parte del entramado de ETA, y acusó al portavoz de este partido, Joseba Egibar, de estar diciendo lo mismo que el magistrado cuando acusa a Batasuna de 'falta de autonomía' respecto a la banda terrorista.

Los cargos que Morcillo realizó contra los peneuvistas -en ningún momento citó a sus socios de Gobierno de EA o IU- incluyen la acusación de realizar 'pactos con Mayor Oreja'. 'Nos acusan a nosotros', dijo, en referencia a los embates del PNV por el plante parlamentario compartido con PP y PSE, 'pero son ellos los que pactan'. En el mismo capítulo incluyó la búsqueda del acuerdo con el Gobierno central para el Concierto Económico, 'rebajando pretensiones', y los pactos presupuestarios forales alcanzados en Vizcaya y Guipúzcoa.

'Montaje'

Morcillo indicó que el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, habría realizado un 'montaje político-mediático' el pasado fin de semana al desvelar la existencia de una lista de cargos del PNV que figuraban en documentos incautados a ETA en una casa de Toulouse (Francia) a finales de enero. El portavoz de Batasuna aseguró que la lista es 'inventada' y acusó al PNV de intentar con ella 'desviar la atención' de sus pactos y 'tapar sus vergüenzas' y le retó a demostrar la veracidad de la denuncia de Arzalluz haciendo público el listado.

La ley de control de los fondos reservados se aprobó el 30 de mayo de 1997, pero la primera comisión no se constituyó hasta marzo de 1999. La primera rendición de cuentas ante ella la efectuó el actual titular de Interior, Javier Balza, a principios de 2000, y hubo una segunda en septiembre de ese año.

El consejero de Interior ignoró, por contra, el año pasado su obligación y no compareció ninguna de las dos veces a que está obligado por ley. Tampoco los grupos, que pueden llamarle en ocasiones adicionales, reclamaron su presencia. La partida que los presupuestos, rechazados en lo referente a Interior, incluyen para 2002 es de 1,15 millones de euros (192 millones de pesetas), la misma cantidad fijada en años anteriores. Los fondos son administrados en su totalidad por el Departamento de Interior, después de que la Lehendakaritza dejara de disponer de algunas partidas reservadas que tuvo años atrás. La ley establece que el consejero de Interior debe comparecer cada seis meses ante la comisión para rendir cuentas del uso dado a los fondos reservados.