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Garzón ilegaliza también a Askatasuna y Segi por su vinculación con ETA

El juez cree que estas organizaciones realizan 'la misma actividad delictiva' que sus antecesoras

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer la ilicitud de las actividades de Segi y Askatasuna, por tratarse de estructuras que forman parte de la organización terrorista ETA-Ekin y que sustituyen a Jarrai-Haika y Gestoras pro Amnistía, respectivamente, cuya ilegalidad ya fue declarada el otoño pasado. Garzón considera que tanto Segi como Askatasuna, encargadas de las juventudes y del apoyo a los presos de ETA, están al servicio de los fines de la banda terrorista y realizan 'exactamente la misma actividad delictiva' que sus predecesoras.

Jarrai era la organización del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que se encargaba de los jóvenes. Para Garzón, equivalía a las juventudes de ETA y era el vivero de nuevos terroristas. Estaba subordinada a la dirección de ETA pero, dada la clandestinidad de los terroristas, recibía las órdenes a través de Ekin, la asociación a la que considera el aparato político de ETA.

Tras ser declarada ilegal, Jarrai se reconvirtió en Haika y posteriormente, después de la ilegalización de ésta y de fusionarse con su homóloga francesa Gazkeriak, en Segi.

Paralelamente, Gestoras Pro Amnistía era la organización encargada de los movimientos pro amnistía y del apoyo a los presos de ETA. Garzón la ilegalizó por estimar que formaba el 'frente de makos' (frente de cárceles) de la organización terrorista, encargado de transmitir las instrucciones de la dirección a los reclusos y de impedir deserciones en ese colectivo.

Tras la detención de sus principales dirigentes, Gestoras se fusionó con el movimiento francés Koordinaketa y constituyó Askatasuna, con los mismos fines y objetivos que Gestoras.

La decisión adoptada ayer por el juez, la ilegalización de las actividades de Segi y Askatasuna, equivale a ponerlas fuera de la ley, pues dichas asociaciones no están inscritas en el correspondiente registro del Ministerio del Interior.

Para dar este paso, Garzón contó con el apoyo del fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien apreció que tanto Segi como Askatasuna son los 'sucedáneos' de Jarrai-Haika y de Gestoras, por lo que solicitó la declaración de ilicitud de sus actividades.

El juez considera indiciariamente acreditado que las estructuras de Jarrai-Haika forman parte del entramado dirigido por ETA y que, siguiendo las directrices impartidas por los responsables de Ekin y ETA, coordinan y ejecutan la kale borroka (violencia callejera).

'Parece claro, que la reacción a la actuación judicial desde Jarrai-Haika', precisa el auto, 'ha ido dirigida a la obstaculización de las investigaciones sobre sus estructuras y miembros, para protegerlos. Pero ha mantenido los mismos medios, organización y finalidad, aunque cambiando de denominación, en una operación cosmética que carece de transcendencia jurídica penal alguna, en tanto se mantengan los mismos elementos que determinan la imputación'. Además, los portavoces del movimiento muestran su decisión de continuar las actividades ilegales, según el auto.

Garzón añade que Segi participa y se integra en el mismo entramado de la organización terrorista ETA-Ekin y que sus actividades deben declararse ilícitas. Del auto se desprende que también se adoptarán medidas contra sus responsables.

Caso similar es el de Askatasuna y de sus nuevos responsables. Garzón señala que 'no se investigan unas siglas u otras, sino los hechos delictivos que al amparo de las mismas realizan con sus actividades a favor del desarrollo del conjunto terrorista (...) un conjunto de personas que, después de la ilicitud de gestoras, pretenden, al amparo de otras siglas, Askatasuna, realizar exactamente la misma actividad delictiva'.

Para el ministro del Interior, Mariano Rajoy, la ilegalización de Segi y Askatasuna es 'congruente' con anteriores resoluciones de Garzón, pues los cambios de nombre de estas asociaciones no son más que un 'flagrante fraude de ley'.

El PNV, sin embargo, aseguró en un comunicado que las resoluciones de Garzón 'limitan y vulneran derechos fundamentales y libertades públicas como la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y manifestación'. Eusko Alkartasuna, socio del PNV en el Gobierno vasco, mostró también su desconfianza hacia Garzón y señaló que los 'precedentes inducen a sospechar de la escasa consistencia' de sus autos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de febrero de 2002