Los ayuntamientos del área azulejera se unen para adoptar medidas contra la contaminación

Los alcaldes de los ayuntamientos castellonenses de L'Alcora, Onda, Vila-real, Ribesalbes, Nules, Sant Joan de Moró y Vilafamés han decidido organizarse. Al margen de posturas partidistas, los máximos responsables de los municipios afectados por la concentración de la industria azulejera comienzan a adoptar posturas conjuntas, sobre todo, a la vista de algo que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, niega sistemáticamente como es la 'dejación de funciones' de la Administración autonómica, pese a sus competencias en la materia.

Los alcaldes, tanto del PP como del PSPV, se han reunido con el fin de llevar a cabo lo que ellos mismos han calificado como una 'reflexión conjunta para adoptar medidas de común acuerdo'. El hecho es que, al menos, todos los alcaldes admitieron la existencia de un problema como es el de las emisiones de las industrias azulejeras, o al menos de una parte de ellas, y de los problemas medioambientales que acarrea el transporte y almacenamiento de las materias primas que las mismas fábricas utilizan. Un reconocimiento que, en el caso el alcalde de L'Alcora, Francisco Javier Tomás, resulta significativo, ya que, hasta el momento, había negado la existencia del problema, tal como indicó ayer el edil de EU del mismo Ayuntamiento, Julián Lozano. Tomás ha utilizado, además, 32 páginas de publicidad para 'negar la evidencia'. El acuerdo municipal no resulta especialmente restrictivo y casi se limita a seguir los pasos ya andados por el Ayuntamiento de Onda.

En cualquier caso, el acuerdo consiste en solicitar unos datos objetivos, que serán asumidos por todos a priori, con el fin de no enfrentar informes científicos que, según el caso y la fecha, ofrecen índices contradictorios. Durante la reunión se llegó a plantear, incluso, una moratoria para la instalación de empresas azulejeras. Sin embargo, esta medida fue rechazada ya que, según indicaron los alcaldes, las empresas de nueva instalación son, generalmente, las que tienen más medidas de protección del medio ambiente. Además, todos son conscientes, y así lo plasmaron, de los beneficios que supone para los municipios la llegada de nuevas empresas. Con ello, los alcaldes, que representan a una población de 105.000 personas, quisieron dejar patente que su 'unión' no es en contra del sector, sino a favor de los ciudadanos, para recuperar su confianza y evitar posturas alarmistas.

En cualquier caso, la postura de Fernando Modrego sigue siendo, tal como reiteró ayer, la de afirmar que 'hablar de contaminación no se ajusta' a la realidad. Con esta afirmación y la reiteración de que la consejería garantiza la calidad del aire, el único temor de los alcaldes es que algunas empresas azulejeras se acojan a las tesis oficiales sobre cumplimiento de normativa y se desvinculen de la búsqueda de una mayor protección del medio ambiente. De hecho, Modrego insiste en la legalidad de los índices mientras que los datos oficiales que facilita su propio departamento demuestran una superación de los límites permitidos acerca de partículas sedimentables.