Materiales para el debate en torno al problema vasco

El año 2002 se presenta en el País Vasco en medio de un paisaje de enfrentamientos y desavenencias entre los partidos político, que no es en el fondo sino la continuación de una situación que dio inicio con el fin de la tregua de ETA y ha venido desarrollándose imparablemente por encima de los distintos avatares políticos de estos dos últimos años. Las elecciones autonómicas del 13 de mayo parecieron abrir una nueva etapa política más esperanzadora, en la medida en que los apoyos sociales del nacionalismo violento sufrieron un importantísimo retroceso y el nacionalismo democrático inició un proceso de ruptura de la mayor parte de las ataduras que en la etapa anterior le unían al mundo de la violencia.

Pero esta ruptura formal de los pactos anteriores no ha ido acompañada de una moderación en los planteamientos: bien al contrario, parece como si la apuesta del nacionalismo fuera la de asumir los propios planteamientos del nacionalismo radical, rechazando eso sí, sus métodos violentos, con el objetivo estratégico de unificar el movimiento nacionalista. Por otro lado, el Gobierno central, como si nada hubiese cambiado desde la etapa de Lizarra, continúa empeñado en una estrategia de confrontación. El resultado es la persistencia del grave desencuentro entre nacionalistas y no nacionalistas, que traslada a la gran masa de la ciudadanía vasca un ambiente de crispación y división como no se vivía desde hace veinticinco años.

En semejantes circunstancias parece absolutamente necesaria, la apuesta a favor no de un proceso de construcción nacional, sino de reconstrucción democrática del país. En este sentido, es preciso recordar que nuestras sociedades y sus estructuras políticas se edifican sobre acuerdos amplios, alcanzados de modo exquisitamente democrático y en ausencia de violencia política de todo tipo o de presión sobre la libertad de expresión, opinión o participación política.

Cuestiones fundamentales tales como el modo en que se define el marco político e institucional, el territorio de aplicación, el modo en que se ordenan las relaciones en su interior y con los vecinos, la política lingüística..., pero también asuntos de orden más simbólico como la interpretación de la historia común, el himno, la bandera y tantas otras han de ser sometidos a consensos amplios. Es con estos acuerdos con los que se cohesiona y vertebra una sociedad, son ellos los que hacen y definen un país. Y en la sociedad vasca, dominada por la heterogeneidad y la diversidad cultural, lingüística, geográfica, histórica, e ideológica, lo que es en general una cuestión de principio se vuelve cuestión de supervivencia. Aquí cualquier tentativa de homogeneización resulta disgregadora.

Porque, efectivamente, Euskal Herria o Vasconia es el resultado de un largo y complejo proceso de autoconstitución a diferentes niveles y en momentos históricos distintos: lingüístico, étnico-cultural, político... Si bien la identidad específicamente lingüística y alguno de los elementos culturales más conspicuos se configuraron antes de la Alta Edad Media, el proceso histórico de constitución como pueblo vasco corrió en paralelo durante la Edad Media con otros procesos diferentes de formación de unidades políticas (y también culturales) que no siempre reunieron a grupos exclusivamente vascoparlantes.

Además, más tarde estos territorios vascos peninsulares y continentales se fueron insertando en marcos políticos de tanta relevancia como el español y el francés. El hecho es que, desde el punto de vista político, se fraguaron identidades políticas contrapuestas fruto de la integración en realidades histórico-políticas diferentes que han moldeado a los vascos de modo diferente. Lo cual, sin embargo, no ha sido obstáculo para la generación de nuevos rasgos comunes e, incluso, en el caso vasco-español, de un sistema peculiar de organización y relación política, la foralidad, vivo hasta época contemporánea.

Es necesario aceptar que entre los vascos la identidad cultural o étnico-lingúística no va necesariamente unida a la identidad política y que en esta realidad compleja juega un papel fundamental la idea de identidad compartida. Si una parte de la población vasca peninsular percibe su identidad como incompatible con la de España como nación, para otra gran parte su identidad incluye la inserción, bien que de modo específico, en España. No es de extrañar que, sometidos a estas condiciones, los intentos de profundización de la primera de las formas identitarias provoquen la disgregación de los elementos de identidad compartidos. Es el mismo efecto que en el pasado provocaron las propuestas de otros vascos de insertar el país en un proyecto centralista de España. Parece claro, pues, que cualquier búsqueda de cohesión social sobre la base de la hegemonía de una forma identitaria sobre otra conduce al divorcio interno y la fractura social.

Por el contrario, la voluntad de construir estructuras políticas comunes o de redefinir un nuevo marco político exige el mayor respaldo social, consensos amplios sobre la base de los elementos compartidos generados históricamente, no inventados. En este sentido, es importante buscar señas de identidad que trasciendan los factores culturales o étnico-lingüísticos y que permitan construir una sociedad de ciudadanos que se reconocen en un mismo proyecto político y leales a los principios democráticos que lo definen. Sin duda, el modo peculiar de inserción en España de los territorios históricos vascos que determina la constitucionalización de la foralidad es un buen punto de partida. A partir de aquí puede ser interesante ahondar y desarrollar esta tradición institucional común.

Ahora bien, el propósito deberá ser, en primer lugar, profundamente respetuoso con la voluntad mayoritaria de cada una de las estructuras territoriales históricamente constituidas, reflejo de la compleja diversidad del país; y, además, podrá tomar formas variadas. Una opción es el la de consolidar sin alteración de ningún tipo la situación actual, que consagra la existencia separada de varias entidades políticas distintas, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra dentro de España, y los arrondissements vascos del departamento de los Pirineos Atlánticos dentro de Francia. Pero hay otras posibles que incluyen relaciones entre las distintas entidades de naturaleza muy variada: el establecimiento de acuerdos culturales o lingüísticos, la creación de órganos de cooperación de carácter consultivo, el desarrollo de instituciones comunes a parte o la totalidad de los distintos territorios...

Sin duda, para desandar el peligroso camino iniciado estos últimos dos años e iniciar el proceso que permita normalizar la situación política del país se requiere en primer lugar la desaparición de toda violencia. Pero resulta igualmente urgente reconstruir el consenso entre los partidos -y para ello es importante la colaboración leal entre Gobierno e instituciones centrales y vascas- y crear condiciones que favorezcan la recuperación de la cohesión social perdida.El año 2002 se presenta en el País Vasco en medio de un paisaje de enfrentamientos y desavenencias entre los partidos político, que no es en el fondo sino la continuación de una situación que dio inicio con el fin de la tregua de ETA y ha venido desarrollándose imparablemente por encima de los distintos avatares políticos de estos dos últimos años. Las elecciones autonómicas del 13 de mayo parecieron abrir una nueva etapa política más esperanzadora, en la medida en que los apoyos sociales del nacionalismo violento sufrieron un importantísimo retroceso y el nacionalismo democrático inició un proceso de ruptura de la mayor parte de las ataduras que en la etapa anterior le unían al mundo de la violencia.

Pero esta ruptura formal de los pactos anteriores no ha ido acompañada de una moderación en los planteamientos: bien al contrario, parece como si la apuesta del nacionalismo fuera la de asumir los propios planteamientos del nacionalismo radical, rechazando eso sí, sus métodos violentos, con el objetivo estratégico de unificar el movimiento nacionalista. Por otro lado, el Gobierno central, como si nada hubiese cambiado desde la etapa de Lizarra, continúa empeñado en una estrategia de confrontación. El resultado es la persistencia del grave desencuentro entre nacionalistas y no nacionalistas, que traslada a la gran masa de la ciudadanía vasca un ambiente de crispación y división como no se vivía desde hace veinticinco años.

En semejantes circunstancias parece absolutamente necesaria, la apuesta a favor no de un proceso de construcción nacional, sino de reconstrucción democrática del país. En este sentido, es preciso recordar que nuestras sociedades y sus estructuras políticas se edifican sobre acuerdos amplios, alcanzados de modo exquisitamente democrático y en ausencia de violencia política de todo tipo o de presión sobre la libertad de expresión, opinión o participación política.

Cuestiones fundamentales tales como el modo en que se define el marco político e institucional, el territorio de aplicación, el modo en que se ordenan las relaciones en su interior y con los vecinos, la política lingüística..., pero también asuntos de orden más simbólico como la interpretación de la historia común, el himno, la bandera y tantas otras han de ser sometidos a consensos amplios. Es con estos acuerdos con los que se cohesiona y vertebra una sociedad, son ellos los que hacen y definen un país. Y en la sociedad vasca, dominada por la heterogeneidad y la diversidad cultural, lingüística, geográfica, histórica, e ideológica, lo que es en general una cuestión de principio se vuelve cuestión de supervivencia. Aquí cualquier tentativa de homogeneización resulta disgregadora.

Porque, efectivamente, Euskal Herria o Vasconia es el resultado de un largo y complejo proceso de autoconstitución a diferentes niveles y en momentos históricos distintos: lingüístico, étnico-cultural, político... Si bien la identidad específicamente lingüística y alguno de los elementos culturales más conspicuos se configuraron antes de la Alta Edad Media, el proceso histórico de constitución como pueblo vasco corrió en paralelo durante la Edad Media con otros procesos diferentes de formación de unidades políticas (y también culturales) que no siempre reunieron a grupos exclusivamente vascoparlantes.

Además, más tarde estos territorios vascos peninsulares y continentales se fueron insertando en marcos políticos de tanta relevancia como el español y el francés. El hecho es que, desde el punto de vista político, se fraguaron identidades políticas contrapuestas fruto de la integración en realidades histórico-políticas diferentes que han moldeado a los vascos de modo diferente. Lo cual, sin embargo, no ha sido obstáculo para la generación de nuevos rasgos comunes e, incluso, en el caso vasco-español, de un sistema peculiar de organización y relación política, la foralidad, vivo hasta época contemporánea.

Es necesario aceptar que entre los vascos la identidad cultural o étnico-lingúística no va necesariamente unida a la identidad política y que en esta realidad compleja juega un papel fundamental la idea de identidad compartida. Si una parte de la población vasca peninsular percibe su identidad como incompatible con la de España como nación, para otra gran parte su identidad incluye la inserción, bien que de modo específico, en España. No es de extrañar que, sometidos a estas condiciones, los intentos de profundización de la primera de las formas identitarias provoquen la disgregación de los elementos de identidad compartidos. Es el mismo efecto que en el pasado provocaron las propuestas de otros vascos de insertar el país en un proyecto centralista de España. Parece claro, pues, que cualquier búsqueda de cohesión social sobre la base de la hegemonía de una forma identitaria sobre otra conduce al divorcio interno y la fractura social.

Por el contrario, la voluntad de construir estructuras políticas comunes o de redefinir un nuevo marco político exige el mayor respaldo social, consensos amplios sobre la base de los elementos compartidos generados históricamente, no inventados. En este sentido, es importante buscar señas de identidad que trasciendan los factores culturales o étnico-lingüísticos y que permitan construir una sociedad de ciudadanos que se reconocen en un mismo proyecto político y leales a los principios democráticos que lo definen. Sin duda, el modo peculiar de inserción en España de los territorios históricos vascos que determina la constitucionalización de la foralidad es un buen punto de partida. A partir de aquí puede ser interesante ahondar y desarrollar esta tradición institucional común.

Ahora bien, el propósito deberá ser, en primer lugar, profundamente respetuoso con la voluntad mayoritaria de cada una de las estructuras territoriales históricamente constituidas, reflejo de la compleja diversidad del país; y, además, podrá tomar formas variadas. Una opción es el la de consolidar sin alteración de ningún tipo la situación actual, que consagra la existencia separada de varias entidades políticas distintas, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra dentro de España, y los arrondissements vascos del departamento de los Pirineos Atlánticos dentro de Francia. Pero hay otras posibles que incluyen relaciones entre las distintas entidades de naturaleza muy variada: el establecimiento de acuerdos culturales o lingüísticos, la creación de órganos de cooperación de carácter consultivo, el desarrollo de instituciones comunes a parte o la totalidad de los distintos territorios...

Sin duda, para desandar el peligroso camino iniciado estos últimos dos años e iniciar el proceso que permita normalizar la situación política del país se requiere en primer lugar la desaparición de toda violencia. Pero resulta igualmente urgente reconstruir el consenso entre los partidos -y para ello es importante la colaboración leal entre Gobierno e instituciones centrales y vascas- y crear condiciones que favorezcan la recuperación de la cohesión social perdida.

Bruno Camus es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Álvaro Moreno, de la UPV.