La Convención
Antes de arrancar, la Convención que ha de preparar la reforma institucional de la UE ha dado un penoso espectáculo de la mano de su presidente, Valéry Giscard D'Estaing, con sus exorbitantes exigencias de medios, y del Gobierno italiano, que ha nombrado como representante suyo al posfascista Gianfranco Fini, líder de la Alianza Nacional, una decisión inquietante por muy vicepresidente que sea del Gobierno de Berlusconi. No basta con que Fini haya declarado que ya no considera a Mussolini el mayor hombre de Estado del pasado siglo para tranquilizar a los europeos normales. Pero, dadas las reglas del juego imperantes, los otros Gobiernos no han podido objetar, y Berlusconi, en su primera participación como titular de Exteriores en un Consejo de Ministros europeo en Bruselas, se salió ayer con la suya. Tranquiliza que Giuliano Amato, designado por el Consejo Europeo de Laeken como uno de los vicepresidentes de la Convención, mantenga su puesto a título personal.
Las extravagantes demandas de Giscard d'Estaing en materia de sueldos (disimuladas ahora como gastos) y oficinas bien dotadas en París y Bruselas no son el ejemplo adecuado cuando cunden las acusaciones de despilfarro contra la UE. La única ventaja es que Giscard d'Estaing, ex presidente de Francia, con todo lo que eso implica de complejo de grandeur, intentará dar realce a su cargo y evitará que se deslicen demandas imposibles o contradictorias en este trabajo, que se iniciará el 28 de febrero y que ha de concluir un año después, para pasar sus propuestas a los Gobiernos, que tienen la última palabra.
Por parte española, la probable designación como representante del Gobierno de Ana de Palacio, eurodiputada y prestigiosa jurista, sería acertada. Lo equivocado es que en la Convención sobre el Futuro de Europa no figure ningún representante nacionalista, ahora que el PP tiende la mano a CiU para entrar en el Gobierno. Una de las cuestiones básicas que se van a abordar, aunque la solución corresponda a cada país, es cómo afecta la integración europea a las competencias de las regiones en algunos países como España.
Con un centenar de miembros, la Convención peca de mastodóntica. Pero es una ocasión para interesar más a los ciudadanos en la integración europea si acierta en sus trabajos.
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