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GUERRA CONTRA EL TERRORISMO

La vida de un periodista, por mejoras para los presos de Guantánamo

El Gobierno de Bush, dividido ante la opción de calificar a los presos como prisioneros de guerra

Un grupo paquistaní que reivindica que se trate de otra manera a los prisioneros talibanes y de Al Qaeda encerrados en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) difundió ayer una serie de fotografías que muestran a un periodista del diario The Wall Street Journal secuestrado y en su poder. Los secuestradores, autodenominados Movimiento Nacional para la Restauración de la Soberanía Paquistaní, han acusado al periodista Daniel Pearl de ser un espía de la agencia de información de EE UU (CIA), algo que tanto el diario como la CIA han negado tajantemente.

Varios periódicos estadounidenses recibieron ayer por correo electrónico una serie de fotografías del periodista, de 38 años, en alguna de las cuales es apuntado a la cabeza con una pistola. En el texto que acompaña a la foto los secuestradores aseguran que Pearl está siendo retenido en condiciones inhumanas, 'similares a las que experimentan los sospechosos detenidos en Guantánamo'. Según los secuestradores, Pearl sólo recibirá un mejor trato si las condiciones en Guantánamo mejoran y los detenidos de nacionalidad paquistaní son repatriados.

La dirección de The Wall Street Journal señaló ayer que Pearl 'es sólo un periodista' y relató que su mujer está embarazada. Por su parte, un portavoz de la CIA recalcó que Pearl 'no trabaja ni ha trabajado nunca para la CIA'.

Mientras, el debate que se ha abierto en Estados Unidos sobre los detenidos en Guantánamo no se centra en el trato que reciben -al que los observadores nacionales e internacionales que los han visitado han calificado de 'humano'-, sino en su situación legal. Los 158 presos capturados en Afganistán siguen en un limbo jurídico. El Gobierno de Washington ha definido 'lo que no son', pero no 'lo que son': no los considera prisioneros de guerra y, por lo tanto, amparados por la Convención de Ginebra, y provisionalmente los ha catalogado como 'combatientes ilegales'.

El presidente George Bush se reunió ayer con el Consejo Nacional de Seguridad para escuchar distintos puntos de vista dentro de su Gobierno, pero, según confirmó su portavoz, 'no ha tomado una decisión'.

El matiz legal es crucial para EE UU en dos frentes: el más inmediato es su interés de interrogarles sin condicionantes para obtener información sobre la organización terrorista de Osama Bin Laden, lo cual puede seguir haciendo mientras los mantenga en un limbo legal. A largo plazo, las implicaciones políticas, diplomáticas y militares son mucho más arriesgadas, como le han advertido a Bush tanto sus secretarios de Estado y de Defensa como la Junta de Jefes del Pentágono. Les preocupa que los soldados norteamericanos reciban un trato recíproco si son capturados en un conflicto futuro.

El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, señalaba ayer que 'éste es un nuevo tipo de guerra que requiere un nuevo sistema de detenciones y, por tanto, una adaptación de la Convención de Ginebra'. Fleischer aseguró que existía 'total unanimidad' dentro del Gobierno en no considerarles prisioneros de guerra, desmintiendo con ello versiones de prensa sobre la postura del secretario de Estado, Colin Powell. Lo que Powell propone es una revisión caso por caso, que es, en esencia, lo mismo que establece la Convención de Ginebra, que sea un tribunal el que lo determine.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de enero de 2002