La Iglesia culpa al delegado de Gescartera en Valladolid y a la CNMV

El Arzobispado de Valladolid justifica su decisión de haber confiado de nuevo en Gescartera el año pasado por la sistemática insistencia de Javier Valenzuela, delegado de la empresa de Camacho en la capital castellano-leonesa.

Valenzuela -que fue director general de Economía en la Junta de Castilla y León durante el mandato de José María Aznar y fue condenado por prevaricación en el caso de la minería- aseguró en el Congreso de los Diputados que abandonó su puesto en Gescartera en 1999 tras avisar al arzobispado para que deshiciera su inversión. Fuentes cercanas al arzobispado niegan ambas afirmaciones: mantienen que no les avisó de nada y que siguió siendo el delegado de Gescartera en Valladolid. 'Sólo hay que preguntarle a un montón de pequeños ahorradores que quedaron pillados y que prefieren ni hablar del asunto para no ser señalados como cómplices de no se sabe muy bien qué', aseguran. Valenzuela dijo en el Congreso que él siguió yendo con cierta regularidad a la sede de Gescartera en Valladolid, pero sólo a leer el periódico y llamar por teléfono.

Según la versión del arzobispado, como delegado de Gescartera prácticamente todas las semanas iba a visitar al ecónomo, Enrique Peralta, para intentar convencerle de que volviera a confiarle su dinero. Aseguran que le decía que la CNMV no había encontrado nada malo.

Ascenso a agencia

Esa supuesta insistencia logró convencer al ecónomo cuando Valenzuela, según estas fuentes del arzobispado, les anunció que Gescartera acababa de ser ascendida a agencia de valores. La CNMV, dicen que argumentaba Valenzuela, ha premiado el ejemplar funcionamiento de Gescartera con un ascenso. Así, 'y prácticamente para que le dejara tranquilo', el ecónomo le confió 25 millones de pesetas.

Al estallar el escándalo, y dado que 25 millones es una minucia si se compara con el abultado patrimonio que gestiona esa diócesis, el arzobispado no se apresuró a reclamar como damnificado. El ecónomo llegó incluso a decir a una emisora de radio que sí fueron clientes de Gescartera pero sacaron su dinero a tiempo porque les avisaron.

Esta declaración es el principal error que ahora admiten. También asumen como declaración errónea haber esgrimido el Concordato como velada amenaza para no facilitar los datos que pide la juez. 'Lo que queríamos decir es que podríamos acogernos al Concordato pero que no vamos a hacerlo'. De momento, la juez Teresa Palacios les ha reclamado la contabilidad de 2001 para ver cómo aparecen allí reflejados esos 25 millones de nueva inversión.