Los obispos avalan la negativa del Arzobispado de Valladolid a entregar sus cuentas
La Conferencia Episcopal recuerda que los acuerdos con el Estado permiten a la Iglesia considerar sus archivos inviolables
La Conferencia Episcopal Española ha respaldado hoy al Arzobispado de Valladolid en su negativa a entregar ciertos documentos de su contabilidad a la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gescartera, Teresa Palacios, alegando que "está en su derecho".
El teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, que investiga el escándalo financiero en la Audiencia Nacional, encontró la pasada semana desfases de 423 millones de pesetas, 196 millones de pesetas y 346 millones en las inversiones declaradas a la juez por el Arzobispado de Valladolid en Gescartera en los años 1996, 1997 y 1998.
Para el arzobispado, estos descuadres son sólo contables y no significan que esta diócesis pretendiera ocultar a la juez el monto real de sus inversiones en la agencia de Antonio Camacho.
El obispo portavoz de la Conferencia , Juan José Asenjo, ha recordado hoy que el artículo primero de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos Iglesia-Estado reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos y reconoce que "estos archivos son inviolables".
Por ello, ha añadido que "si alguna institución se niega a entregar parte de esos archivos, están en su derecho", aunque ha destacado que los problemas de la Iglesia con el caso Gescartera es un asunto diocesano que no concierne a la Conferencia Episcopal.
Desfases contables
La juez Teresa Palacios solicitó al Arzobispado de Valladolid su contabilidad entre 1996 y 1999, cuando llegó a acumular una inversión en Gescartera de 1.105 millones de pesetas, así como la del ejercicio 2001, cuando volvió a invertir 25 millones de pesetas.
Tras esta solicitud, la institución requirió a la juez que le explicara por qué causa debían entregar esta documentación si era un perjudicado más de la presunta estafa cometida por la agencia de valores y argumentó que podría acogerse al Concordato para negarse a dar esos datos.
Teresa Palacios insistió en solicitar la documentación porque los peritos judiciales encontraron una diferencia de más de 400 millones de pesetas entre la inversión que consta en las cuentas declaradas por el Arzobispado y la nota manuscrita que entregó su ecónomo, Enrique Peralta, en su declaración.
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