El consumidor pagará el coste de la eliminación de las harinas animales

El Ministerio de Agricultura y representantes de casi una veintena de organizaciones agrarias, industriales y de la distribución han ratificado la aplicación de un acuerdo marco para la normalización y competitividad de la cadena alimentaria cárnica hasta 2004. Este acuerdo, criticado por la oposición y no firmado por UPA y Coag, supondrá en la práctica una serie de incrementos en los precios con el fin de eliminar las harinas animales, cuyo coste recaerá sobre el consumidor.

Se trata en realidad de una justificación para fijar los precios o porcentajes de incremento que debe aplicar la industria en sus distintas fases para hacer frente al coste por la transformación de los despojos en harinas y la destrucción de las mismas. Ese coste, en el fondo una nueva tasa que será pagada por el consumidor, se halla entre unas tres pesetas por kilo de vacuno y porcino (dos céntimos de euro) hasta 20,9 pesetas por kilo (0,126 euros) para el kilo de canal del pollo despiezado.

La redacción de este acuerdo se enmarca en el contexto de todos los problemas derivados en 2001 de la enfermedad de las vacas locas, la caída de la demanda, los precios hundidos en origen, la prohibición de la utilización de harinas de carne y la necesidad de eliminar tanto los despojos de todos los animales como sus harinas.

Esta situación, junto con la negativa de la Administración a seguir pagando unos 23.000 millones de pesetas por la eliminación de los despojos y las harinas de carne, ha impulsado este acuerdo marco, por el que todas las partes que participan en el proceso se comprometen a garantizar el normal funcionamiento de la cadena alimentaria y a trasladar el coste de la eliminación de los despojos al consumidor final.

El acuerdo contempla compromisos de los ganaderos para mejorar la seguridad de las carnes; también el de los industriales para mejorar instalaciones y eliminar los materiales específicos de riesgo; el compromiso de los fabricantes de harinas para retirar y destruir las harinas; el de los distribuidores para repercutir los costes en el precio final y el de las cementeras para colaborar en los procesos para destruir residuos adecuando sus instalaciones.

El Ministerio de Agricultura ofrece, por su parte, su colaboración y apoyo para desarrollar este proceso, y pone a disposición de los sectores implicados 72,12 millones de euros (12.000 millones de pesetas), a un interés del 1% con un periodo de carencia de un año, con el fin de mejorar instalaciones y estructuras desde la producción a las industrias. El compromiso también supone apoyo para campañas de promoción del consumo y para la exportación.