Hunosa afronta su noveno ajuste

La empresa estatal minera Hunosa, la mayor compañía española del sector; que pervive desde su constitución, hace 35 años, en una situación de cuantiosas pérdidas económicas permanentes y que aún hoy es el principal sustento laboral de los valles hulleros de la cuenca carbonífera central asturiana, acaba de anunciar un nuevo ajuste contundente. Su accionista universal, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aspira a suprimir en los próximos cuatro años un tercio de las instalaciones productivas de la compañía, con nuevos cierres de explotaciones; reducir la producción en el 33,3% y disminuir la plantilla en el 42%, mediante prejubilaciones no traumáticas, antes de finales de 2005.

Los sindicatos mineros han tachado el plan de 'liquidacionista' y de 'sentencia de muerte'. Consideran inviable la estructura de empresa y de plantilla resultantes del diseño propuesto por la SEPI porque las prejubilaciones se concentran, en el 90% de los casos, afirman, en el personal más avezado en el arranque del mineral, lo que entrañará una descapitalización profesional que hará insostenible la producción después de 2005 y abocará a la empresa al cierre. El presidente regional del PP, el senador Ovidio Sánchez, sostiene, por el contrario, que es voluntad del Gobierno de la nación que Hunosa siga existiendo más allá de 2010.

En todo caso, las centrales sindicales juzgan inasumible una nueva destrucción de empleo en las cuencas hulleras del Caudal y del Nalón si no se plantean medidas compensatorias e iniciativas reindustrializadoras y de diversificación económica efectivas en unos espacios territoriales que, tras haber asistido al desmantelamiento siderúrgico en los años ochenta, perviven sometidas al casi exclusivo monocultivo del carbón, en franco declive, y ajustes continuos desde hace dos décadas.

El presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, calificó la propuesta de 'muy dura', y considera que 'no se puede aceptar' por su severo impacto para la economía regional y porque incumple el llamado Pacto de la Minería, suscrito por el Gobierno del PP con los sindicatos del sector para 1998-2005, en el que se preveía un ajuste menos severo.

Respuesta sindical

De no modificarse la propuesta, los sindicatos han anunciado movilizaciones, y el SOMA-FIA-UGT ya ha puesto fecha: los mineros boicotearán la cumbre del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofín), que se celebrará en Oviedo el mes próximo. 'Si se mantiene esta propuesta, los ministros europeos van a encontrar un ambiente de tensión', advirtió el dirigente minero de la UGT José Ángel Fernández Villa.

Los ocho planes sucesivos de ajuste laboral -éste será el noveno- acometidos en Hunosa desde el fin del franquismo, fundamentalmente por los Gobiernos de PSOE y PP, para tratar de poner coto y freno a la espiral de pérdidas crecientes que caracterizó a la compañía desde su nacimiento, en 1967, a resultas de la nacionalización de una decena de empresas privadas al borde de la quiebra o ya quebradas, se han pactado siempre al cabo de largos meses de negociación en medio de un clima de tensión y crispación extremas. El plan que ahora se acaba de consumar -el que estuvo vigente de 1998 a 2001-, y que fue el primero firmado por los mineros con un Gobierno del PP, tampoco estuvo exento de una elevada crispación, pese a que fue una de las negociaciones más livianas que se han conocido en Hunosa: dejó un saldo de 30 días de disturbios y paros, una tensión y crispación sociales intensas, 14 trabajadores detenidos, 22 contusionados, dos heridos de consideración y un obrero fallecido tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo cuando participaba en una barricada.

Lo que la SEPI acaba de plantear ahora para el próximo cuatrienio es la clausura de tres de los nueve pozos con que aún cuenta la compañía estatal minera, el cierre de uno de los tres lavaderos de mineral que aún perviven, la desagregación y posterior privatización de una pequeña central térmica de producción eléctrica con que cuenta la empresa y la supresión o venta de sus 14 economatos. La pretensión es reducir la producción en otras 600.000 toneladas -el año pasado produjo 1,8 millones de toneladas- y eliminar, mediante medidas no traumáticas, 2.622 puestos de trabajo de los 6.151 con que concluyó el pasado ejercicio.

De esta manera, la empresa, que nació con 18.757 trabajadores en 1967, que llegó a tener 26.294 mineros cuando en 1970 se consumaron las últimas nacionalizaciones de minas privadas -salvo la posterior de Minas de Figaredo, en 1980- y que hace sólo 17 años, en 1985, aún daba ocupación a casi 21.000 personas, llegará a finales de 2005 con apenas 3.529 trabajadores. La producción de hulla -que en 1982 aún alcanzaban los 4,3 millones de toneladas anuales- disminuirá en los próximos cuatro años de los 1,8 millones de toneladas actuales a sólo 1,2, y el número de explotaciones subterráneas (ahora posee nueve en activo, pero llegó a tener 28 pozos) se habrá reducido a sólo seis antes de cuatro años.

El drama de la minería hullera asturiana es su inviabilidad. Y lo ha sido prácticamente desde el origen de la industrialización del sector, hace siglo y medio.