En busca de un programa que sea fiable
El Gobierno de Duhalde maneja varias fórmulas para diseñar un plan de salvación que contente a Europa, EE UU y el FMI
La Unión Europea, EE UU y el FMI vienen repitiendo desde hace semanas que el Gobierno argentino debe presentar un plan coherente. Pero pocas veces sus representantes han detallado en qué consiste ese programa que haga despegar a Argentina.
EE UU teme que Duhalde aplique medidas populistas o proteccionistas, aunque por ahora ha dado pocos pasos en ese sentido
El ministro de Economía español, Rodrigo Rato, precisó esta semana que Eduardo Duhalde, que asumió la presidencia el pasado día 1, ha de plantearse unos objetivos presupuestarios claros, mantener un déficit público aceptable y desarrollar políticas cambiaria y monetaria estables. El líder peronista, que recibió un país en suspensión de pagos y con permanentes protestas callejeras, devaluó el peso y flexibilizó la congelación de depósitos, el llamado corralito. Promete un plan para dentro de 15 días.
La moratoria unilateral de la deuda pública (140.000 millones de dólares) suponía uno de los primeros pasos para iniciar la salida de la crisis, según reconocía la propia subdirectora del FMI, Anne Krueger. El Gobierno prevé cumplir con los pagos de la deuda de 50.000 millones de dólares reestructurada en noviembre pasado con los acreedores locales. El FMI perdonó por un año la devolución de un crédito por 900 millones de dólares. El Fondo condiciona una ayuda adicional a la confección de una plan económico razonable, en contraposición con las medidas de corto alcance del Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
Desde diciembre pasado, el FMI ha bloqueado el envío de 9.000 millones de dólares a Argentina. Técnicos del organismo, que cuenta como socio principal a EE UU, han llegado a Buenos Aires para controlar los números del nuevo plan argentino. En Argentina esperan que el FMI desembolse no sólo los 9.000 millones pendientes, sino otros 6.000 millones para sostener al sistema bancario y engrosar las reservas del Banco Central.
La caída del peso
La suspensión de pagos debía acompañarse del fin de 11 años de paridad fija un peso por un dólar, tal como recomendaba la subdirectora del Fondo. Duhalde cumplió con la tarea, que generó conflictos con la banca, las empresas de servicios públicos privatizadas, las petroleras, los ahorradores en dólares y los grandes deudores en moneda norteamericana.
El dólar, que hace dos semanas se disparó a 2,10 pesos, bajó en los últimos días a 1,67 pesos por las restricciones del corralito, la necesidad de la población de contar con moneda nacional para saldar cuentas y la compra de 208 millones de dólares por parte del Banco Central. A pesar de que el dólar sólo se ha apreciado alrededor del 70% previsto por el Gobierno, lo que ha evitado una inflación desmesurada, los economistas mantienen sus dudas acerca de la existencia de otro tipo de cambio oficial y fijo para el comercio exterior (un dólar por 1,40 pesos). El propio director gerente del FMI, Horst Köhler, criticó la convivencia de dos tipos de cambio, pero aplaudió el anuncio de Duhalde de que a partir del segundo semestre regirá sólo un dólar libre.
Para que el tipo de cambio flote sin turbulencias, Argentina necesita el respaldo del FMI. A su vez, el Fondo exige reducir a mínimos el déficit fiscal, aunque reconoce la inviabilidad de ciertos ajustes ante la gravedad de la crisis social. Considerable razonable que el proyecto de presupuesto del Gobierno contemple un déficit del 1% del PIB. El problema radica en el cálculo del PIB.
El portavoz del FMI, Thomas Dawson, dijo que la elaboración de un plan argentino llevará tiempo. Sobre todo después de que los técnicos del FMI analizaran los números del Presupuesto de 2002. Los economistas del Fondo opinan que el proyecto de Presupuesto del Gobierno es poco realista, pues prevé una contracción de la economía del 2% y una inflación del 11%. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, calcula que el PIB disminuirá el 5% o 6% en el primer semestre para después iniciar un repunte, tal como sucedió con las crisis de México (1994-1995) y Brasil (1999). Por el contrario, los funcionarios del FMI temen una caída del 7% del PIB durante todo el año, lo que representa una depresión larga como las de Indonesia (1997), Rusia (1998) y Ecuador (1999).
Un presupuesto equilibrado resulta necesario para mantener el valor del peso. El Congreso aprobó este miércoles una reforma del Banco Central por la que la emisión de moneda dejó de estar sujeta a la cantidad de las reservas y ha quedado librada a las necesidades de las cuentas públicas. Economistas ortodoxos y legisladores de distintos partidos de la oposición alertaron que esta medida supone un riesgo de mayor devaluación. Por eso exigieron disciplina fiscal. Si sólo se gasta lo que ingresa en el Estado, entonces no habrá necesidad de imprimir nuevos billetes.
Los ingresos del Estado están cayendo el 20% en enero. El FMI pide ajustar más los gastos. El Ejecutivo planeaba recortar unos 8.300 millones de pesos mediante la suspensión de pagos de parte de la deuda, la reducción de costes por la devaluación, la eliminación de gastos superfluos, la imposición de un tope de 3.000 pesos mensuales para los salarios de funcionarios políticos y el mantenimiento del recorte del 13% en los sueldos de empleados públicos y pensiones. Nada de reforma del Estado o eliminación de los llamados ñoquis, los funcionarios que sólo van a trabajar el día en que cobran la nómina. En cambio, se suspende una subvención a los maestros. Los funcionarios no políticos podrán ganar más de 3.000 pesos mensuales, después de que Duhalde vetara el decreto de su fugaz antecesor, Adolfo Rodríguez Saá, que estableció ese límite a fines de diciembre.
Duhalde y Remes Lenicov estudian nuevas contracciones en las cuentas. Uno de sus desafíos más importantes radica en el recorte de los fondos que el Estado nacional gira a las provincias. Hasta ahora rige un piso mínimo de transferencias de 1.364 millones de pesos por mes, aunque caiga la recaudación tributaria. El FMI y los analistas califican de insostenible ese nivel. Duhalde procura recortarlo el 25%, pero algunos de sus correligionarios se oponen ante el desborde de la crisis social.
El plan de ajuste tampoco será viable si empeora la situación del 40% de argentinos que vive en la pobreza ni del 20% de la población activa en paro. Por eso el presidente Duhalde le ordenó a Remes Lenicov que el presupuesto social se salve de la tijera. El Gobierno destinará 1.000 millones de pesos para 500.000 jefes de hogar parados y 350 millones para la emergencia alimentaria.
El Gobierno necesita el apoyo del FMI para reactivar el crédito externo para sus cuentas públicas y sus empresas privadas. También precisa poner en marcha el comercio exterior y reestablecer la cadena de pagos. Si la nueva Argentina diseña reglas de juego claras, la inversión extranjera retornará ávida por un país con precios bajos y potencial de crecimiento, según reconoció en una conferencia en Nueva York el jefe de investigaciones económicas del Santander Investment Securities, Ernest Brown. En EE UU temen que Duhalde aplique medidas populistas o proteccionistas, aunque por ahora dio pocos pasos en esos sentidos.
A vueltas con el corralito
El Gobierno continuó titubeando en torno al corralito. Después de endurecerlo porque los bancos vaticinaban una quiebra del sistema financiero, Duhalde lo flexibilizó a costa de incumplir la promesa que formuló el primer día de su presidencia: devolver en dólares los depósitos en esa divisa. El Gobierno alega que el 78% de los ahorradores se benefician con la medida, pero el ruido de cacerolazos continúa musicalizando el territorio de una de las diez naciones más extensas del planeta. El diario Wall Street Journal criticó en un editorial la pesificación de los depósitos en dólares por constituir una violación al derecho de propiedad. La Unión Europea expresó que los bancos de su origen, como SCH y BBVA, no debían soportar una parte disparatada de los costes de la devaluación. La UE también advirtió contra el proyecto de ley de quiebras, que evitaba bancarrotas mediante la transferencia de acciones de las compañías en suspensión de pagos a las entidades acreedoras. Esta disposición fue eliminada de la iniciativa para satisfacción de los bancos y disgusto de poderosos empresarios argentinos.
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