La Audiencia Nacional ratifica las multas de Competencia al sector lácteo

La Audiencia Nacional ha ratificado en sentencia firme 16 de las 49 multas que impuso el Tribunal de la Competencia a otras tantas firmas del sector lácteo por pactar precios e impedir la competencia en 1997. El montante global de la multa fue de 1.200 millones de pesetas (7,12 millones de euros), la mayor multa del tribunal a un sector industrial. La última sentencia es del pasado 14 de diciembre a Clesa (234.394 euros, 39 millones de pesetas), la firma que preside Arturo Gil, vicepresidente de la patronal CEOE.

La multa del Tribunal de Defensa de la Competencia al sector lácteo se produjo el 10 de noviembre 1997. Era el capítulo final de una denuncia presentada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el año 1992 y que recogía el sentir de todo el sector ganadero español que vendía la leche a las industrias al precio que éstas pactaban entre ellas.

En un largo y complicado proceso de investigación, el Tribunal de Defensa de la Competencia probó que 48 empresas del sector habían incurrido en 'prácticas contra la competencia al haberse concertado para pactar los precios en la compra de leche a los ganaderos'. También se multó a la Federación Española de Industrias Lácteas (FENIL) con 14 millones de pesetas por recomendar una variación pactada de los precios según la calidad de la leche recogida por sus asociados.

Una vez impuesta la multa, las 48 empresas y la propia FENIL recurrieron a la Audiencia Audiencia sus sanciones unilateralmente. Ésta emitió la primera sentencia el día 16 de diciembre de 1999, dos años después de la resolucion del Tribunal, en la que ratificaba una multa de 18.631 euros (3,1 millones de pesetas) a Láctea El Buen Pastor, de Cantabria. La última sentencia, que hace el número 16 de la lista, ha sido contra Central Lechera Española (Clesa) y data del pasado día 14 de diciembre de 2001.

En todas las sentencias firmadas hasta ahora se ha ratificado al pie de la letra la resolución de Competencia. Aunque faltan todavía 33 sentencias por conocer, las decisiones tomadas apuntan que la Audiencia seguirá desestimando los recursos presentrados. La multa de mayor cuantía impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia fue para la Lactaria Española, por valor de 168 millones de pesetas, cuya sentencia aún no ha sido publicada por la Audiencia. De las ratificadas por la Audiencia, la mayor multa recayó en Leche Pascual por un monto 139 millones de pesetas (835.406 euros).

Retraso

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, que presentó la denuncia en 1992, destacó a este periódico la lentitud del proceso jurídico: cinco años para que se pronunciara el Tribunal de la Competencia y 10 para que haya sentencia en firme de la Audiencia para 16 de las 49 firmas denunciadas.

Ahora, ante las sentencias de la Audiencia Nacional, sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En principio, las empresas han descartado de forma mayoritaria esta nueva vía judicial al alto tribunal, aunque fuentes del sector reconocen que Clesa está estudiando acudir al Supremo.

Moraleda reclama que se arbitren fórmulas que permitan dotar de más agilidad al sistema jurídico para que las penalizaciones económicas a los infractores tengan su efecto. Hoy la industria ofrece diferentes precios a los ganaderos en la recogida de leche.

El sector de la industria láctea se enfrenta ahora a otra denuncia del sector ganadero que le acusa de haber bajado una media de cinco pesetas el del litro. Los ganaderos afirman que la industria elabora leche líquida con subproductos para vender más barato al distribuidor, lo que puede suponer un fraude. El argumento de las industrias es que sobra leche en el mercado nacional. Sin embargo, los ganaderos contestan que la producción española no cubre la cuota de la UE.