¿Dinero u otra causa?
Los abajo firmantes, padres y madres de alumnos del colegio público García Quintana, de Valladolid, y vecinos de la misma ciudad, queremos manifestar nuestro profundo rechazo a la política informativa que sobre el desgraciado caso del colegio de nuestros hijos ha mantenido el periódico EL PAÍS.
Durante mucho tiempo, su publicación simplemente nos ha ignorado y ninguneado, para pasar luego, cuando la noticia ya no se ha podido ocultar más, pues estaba en todos los medios de comunicación nacionales, a informar de manera parcial y sesgada, sin reflejar en ninguna ocasión el punto de vista de los padres o de los vecinos afectados.
Algunos ejemplos: en su edición del 5-1-02, y en relación con los cuatro casos de cáncer diagnosticados en menos de un año (y no en 15 meses, como reiteradamente ha afirmado este diario) en un grupo de 450 niños escolarizados a 46 metros de un bosque de 60 antenas de telefonía con sus correspondientes cables, transformadores y amplificadores de señal, etcétera, situados en la fachada y sótanos del edificio), se afirma que 'los científicos e ingenieros rechazan, en contra de los padres, la relación de los casos con las antenas de telefonía fija que hay junto al colegio público', sin explicar de qué científicos e ingenieros se trata, al menos que presupongamos que son todos en el mundo entero unánimemente de esa opinión. No aclaran tampoco (pese a que ese mismo día los afectados enviamos una nota discrepante que, por supuesto y como todas las demás, no se ha publicado) que los padres relacionamos al conjunto de las instalaciones, al 'edificio emisor', como lo ha calificado el juez que clausuró las antenas, como sospechoso de producir campos electromagnéticos del tipo que sean.
Estos campos han sido clasificados por la OMS (que, desde luego, cuenta con científicos) como factor carcinogénico de tipo 2B, mientras que la IARC (Asociación Internacional de Investigación del Cáncer) ha aprobado por unanimidad de todos sus expertos el 27 de junio de 2001 que dichos campos electromagnéticos son un factor de riesgo, precisamente, para la leucemia infantil.
Asimismo, se ha dado siempre la versión de las operadoras y de los expertos que las apoyan en su búsqueda de beneficio económico (¿se acuerdan de los médicos y expertos que durante años mantuvieron que el tabaco no tenía nada que ver con el cáncer?), sin contrastar con físicos, biofísicos o médicos que mantienen públicamente opiniones divergentes.
A ello se une el reiterado uso de informaciones erróneas que, curiosamente, siempre apuntan a minusvalorar los daños sufridos o a desestimar la relación causal con las instalaciones de telefonía.
Por ejemplo, en la edición del 11-1-02, un experto busca una fantasmal causa alternativa: la contaminación medida en una estación situada en la calle Labradores, 'a 50 metros del colegio', cuando todo el mundo que conoce Valladolid sabe que está a más de medio kilómetro, y que hay varios colegios que se encuentran mucho más cerca.
¿Tendrá todo esto que ver con el hecho de que una de las operadoras, que, contra el más elemental principio de precaución y anteponiendo sus intereses económicos a la salud de los 450 niños ha mantenido meses y meses sus emisiones junto al colegio, tenga entre sus accionistas a su grupo de comunicación?
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