Los 'cacerolazos' contra las nuevas medidas se extienden en Argentina

Catorce detenidos, tres entidades bancarias dañadas, las casas de dos legisladores justicialistas atacadas y una violenta represión que terminó con siete policías heridos, fue el saldo violento de un multitudinario cacerolazo que se realizó hasta esta madrugada en la localidad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Mientras tanto, el Gobierno argentino alega que la pesificación es la única vía para evitar la quiebra.

Además del cacerolazo en Río Cuarto, unos 300 obreros y empleados municipales de la ciudad de Santiago del Estero fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos por la policía después de que destruyeran los vidrios de los ventanales del Ayuntamiento, en una protesta en demanda del pago de los sueldos de los últimos tres meses.

Mientras, la desdolarización o pesificación de la economía dejó de ser ya una política encubierta del Gobierno argentino. Un portavoz del equipo económico admitió ayer que devolver en pesos los ahorros en dólares retenidos en los bancos, a la paridad oficial fijada en 1,40 pesos por dólar, es la 'única posibilidad' de levantar a medio plazo las restricciones que impone el corralito sin provocar una quiebra bancaria en cadena.

Desde el próximo lunes, los clientes o las empresas atrapados que lo deseen disponen de hasta 5.000 dólares, reconvertidos a 1,40 pesos por dólar, con los que podrán pagar cuentas, emitir talones o comprar bienes transfiriendo fondos, 'siempre dentro del sistema', para evitar una compra masiva de dólares en el mercado libre que, a su vez, dispare la inflación. El tope para el retiro mensual en efectivo se mantiene hasta 1.500 pesos como máximo en las cuentas donde se depositan salarios y en 1.200 las demás. El Gobierno argentino estima que estas medidas alivian al 78% de los afectados.

En su discurso de investidura, hace 17 días, el presidente Eduardo Duhalde dijo que los depósitos serían restituidos en la moneda original. Pero todos dudan ahora de que la única promesa pública que hizo el jefe del Estado pueda cumplirse. De los 64.808 millones de pesos o dólares, a la paridad uno a uno que imponía la Ley de Convertibilidad, depositados en el sistema cuando el pasado 3 de diciembre se enfriaron los retiros casi hasta el punto de congelación, 46.401 se habían colocado en dólares. Ese 71,6% de clientes afectados, casi dos millones de personas, deberán resignarse ahora a aceptar la devolución en cuotas y en pesos, a 1,40 por dólar -cuando ya en el mercado libre se cotiza por encima de los dos pesos- o esperar en algunos casos hasta 2005.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo dijo en su momento que los muros de contención levantados para evitar una fuga masiva de los depósitos serían derribados en 90 días. ¿Quién podría creer ahora que habrá dólares disponibles para reintegrar dentro de dos o tres años y que, llegado el momento, no se prorrogarán nuevamente los plazos?

Para pesificar toda la economía y desarrollar un programa 'coherente y sustentable', como le reclama la comunidad internacional, Argentina necesitaría una asistencia externa estimada en más de 30.000 millones de dólares, además de imprimir unos 3.000 millones de pesos, mientras se recupera este año la capacidad de producir y exportar que estimula y promueve la devaluación del peso con relación al dólar. La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada por el Congreso, le restituye, entre otras facultades, la de emitir moneda, bajo control parlamentario, y la de actuar como prestamista 'de última instancia' para asistir a los bancos.

El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, avanza en sus consultas con técnicos argentinos y extranjeros y prepara un plan económico sobre la base del proyecto de Ley de Presupuesto enviado al Congreso, que podría ser anunciado a mediados de febrero, cuando se terminen de cerrar los acuerdos y regrese de su viaje a EE UU. En principio, Argentina pediría al FMI que se desbloquearan a corto plazo las cuotas demoradas, que activan otros créditos bloqueados automáticamente, con los que sumaría unos 9.000 millones de dólares correspondientes al blindaje financiero, pactado a fines de 2000 y suspendido desde el pasado octubre.