Duhalde anuncia un "baño de sangre" si Argentina no consigue superar la crisis

El presidente argentino, Eduardo Duhalde, empieza a dar los primeros pasos para acometer una ambiciosa reforma del Estado que rebaje el coste de la política y que incluiría una drástica reducción del cuerpo legislativo y del poder judicial. El primer mandatario abordó la cuestión en una larga reunión que mantuvo ayer con los gobernadores de las 23 provincias de Argentina y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Duhalde quiere presentar la reforma del Estado, siempre anunciada y hasta ahora nunca realizada, como la pata política del programa de su Gobierno cuyo eje económico es el fin de la convertibilidad y la devaluación del peso. Duhalde aseguró que el país vive 'uno de los tiempos más dramáticos' desde el golpe de 1976 y advirtió que 'un escalón más abajo será un baño de sangre'.

'Vivimos a partir de 1976 quizás la epoca más dramática' en la historia del país, aseguró Duhalde, quien advirtió que está preparado para afrontar los intentos de 'desestabilización' por parte de sectores 'no conformes con los cambios' de su modelo económico y social. 'Van a tratar de desestabilizarnos. Van a escuchar en estos días comentarios que van a surgir de esos sectores, que Duhalde se quiere ir, que quiere renunciar que van a renunciar sus ministros. Es como empiezan siempre con estos intentos de desestabilización', añadió. 'Bajamos cada vez más abajo, escalón tras escalón: recesión, depresión, estado preanárquico, caos. Un escalón más abajo y habrá un baño de sangre', advirtió Duhalde.

Un recorte drástico del gasto político sería, sin duda, una decisión bien recibida por la población, que en los distintos cacerolazos y movilizaciones recientes ha expresado su profundo rechazo a los privilegios y prebendas de los políticos de distinto signo. La Alianza que llevó al poder a Fernando de la Rúa nunca llegó a satisfacer esta reivindicación popular, pese a las promesas electorales en este sentido. Hay gran escepticismo entre observadores y políticos sobre el alcance de la reforma anunciada, que se interpreta más como un gesto cosmético que un ahorro real, ya que el gasto político no supone más del 2% del presupuesto.

El plan de Duhalde, según lo que ha trascendido por ahora, incluye el ajuste político a las provincias mediante un compromiso federal, que suscribirían los gobernadores y el jefe del Gobierno porteño. Existe un borrador de propuesta que ha sido elaborado por un grupo de legisladores peronistas encabezado por el senador Jorge Yoma, con quienes se reunió Duhalde el miércoles por la noche. Está previsto que los congresistas del Partido Justicialista empiecen a discutir el plan a partir de la semana próxima.

Modificar la Constitución

La iniciativa que se enviará al Congreso propondría la modificación de ocho artículos de la Constitución. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que estuvo en la reunión con Duhalde, señaló que algunas reformas no requerirán la reforma de la Carta Magna y otras más ambiciosas sí. 'El presidente nos ha dicho que va a impulsar estas reformas en el ámbito nacional', añadió De la Sota.

Entre otras medidas, se propone un recorte del número de diputados nacionales de 257 a 152, y la eliminación del tercer senador de cada provincia, con lo que la Cámara Alta quedaría reducida a 48 legisladores. El tercer senador en representación de la minoría de cada provincia quedó consagrado en la reforma de la Constitución de 1994.

En el ámbito judicial, la principal modificación se refiere a la Corte Suprema, cuya composición disminuiría de nueve a cinco miembros, es decir, el número anterior a la ampliación decretada por el Gobierno de Carlos Menem. El Consejo de la Magistratura se reduciría de 19 a 5 miembros, y el Jurado de Enjuiciamiento (encargado de juzgar a los jueces en la Cámara de Casación), de nueve a tres. Asimismo, se plantea una reducción del 50% de la plantilla política en la Administración central y en todos los entes descentralizados, la unicameralidad legislativa para todas las provincias, y una reducción drástica de los consejos deliberantes y demás organizaciones comunales. El objetivo teórico es la eliminación de 770 cargos legislativos provinciales.

La reforma tropezará con mayores dificultades en las provincias, ya que será necesario un pacto federal constituyente en el que los distintos gobernadores se comprometan a llevar a cabo la reforma. En la reunión con el presidente también se abordó las deudas provinciales, agravadas por la suspensión de las transferencias del Estado a las provincias en concepto de coparticipación, que ascienden a 1.364 millones de pesos mensuales.

Cualquier reforma política requiere un consenso muy amplio, declaró ayer Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia del Gobierno de Fernando de la Rúa, que subrayó la importancia de una mayor transparencia en el desempeño de la política. En este sentido, diversos sectores están trabajando para lanzar la semana entrante una nueva iniciativa a favor de un acuerdo de amplio alcance para encarar la transformación del Estado argentino. Entre dichos sectores se encuentra la Iglesia, sindicatos, empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil.