Técnicos sanitarios inspeccionan el colegio público de Valladolid

Los técnicos de la Junta de Castilla y León iniciaron ayer la inspección del colegio público García Quintana para averiguar la causa de que en los últimos 15 meses se hayan producido cuatro casos de cáncer entre sus alumnos. El centro abrió ayer sus puertas por orden judicial. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pidió ayer al Gobierno un mayor control sobre las emisiones radioeléctricas.

Los resultados de la inspección serán remitidos al Comité Científico que la Junta ha creado. Los técnicos de sanidad buscarán la causa de los cánceres en las aguas residuales, los residuos sólidos, las sustancias químicas y en la existencia de actividades industriales contaminantes en un radio de 300 metros alrededor del colegio. Los inspectores también investigarán otros posibles focos de radiación o radiactividad, como cables de alta tensión, transformadores, detectores de incendios o pararrayos.

La inspección se realiza después de que un estudio epidemiológico de la Junta descartara que la fuente del cáncer sean las antenas. Uno de los autores del trabajo, Ignacio Rosell, apuntó que se había llegado a esta conclusión porque el colegio está fuera 'del haz de emisión de las antenas' y porque el tiempo entre la instalación de la primera antena (noviembre de 200) y la aparición de los primeros linfomas (diciembre de 2000) era demasiado corto.

Decisión 'cuestionable'

El Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de las Telecomunicaciones, que agrupa a los principales operadores de telefonía y a las industrias del sector, manifestó ayer que la orden judicial de que se reanudaran las clases en el colegio era 'muy cuestionable'. 'Es urgente buscar las posibles causas, entre las cuales es absolutamente imprescindible buscar aquellas que puedan estar en el propio colegio o en el entorno de los niños', afirmaron en una nota.

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pidió ayer al Gobierno que revise las medidas de protección contra las emisiones electromagnéticas, pese a que estas cuentan con el apoyo de expertos y de la Unión Europea. '[Las normas] pudieran no ser completamente eficaces para minimizar los niveles de emisión sobre espacios sensibles tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos'. La necesidad de controlar estos lugares ya fue apuntada por el comité de expertos que el Ministerio de Sanidad convocó el año pasado para asesorar sobre la seguridad de las emisiones.

Precisamente, el Ayuntamiento de Valladolid recordó ayer que desde mayo pasado no concede permisos para la instalación de antenas de telefonía a menos de cien metros de edificios sensibles, como residencias de ancianos, hospitales o escuelas. Según afirmó ayer el concejal de Urbanismo, Federico Sumillera, la medida se aplicará en Valladolid, a pesar de que existe un Real Decreto de septiembre de 2001 que limita la 'exposición del público a campos electromagnéticos acordes con las recomendaciones europeas' y que es menos restrictivo.

La norma del consistorio exigirá 'la reubicación' de las estaciones radioeléctricas cercanas a los puntos sensibles. Desde el pasado mes de diciembre, el ayuntamiento vallisoletano ha paralizado la tramitación de licencias para la instalación de antenas de telefonía.