El Poder Judicial envía al fiscal el caso del 'narco' liberado por la Audiencia

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad remitir al fiscal general del Estado, por si existieran indicios de delito, y a la Comisión Disciplinaria del propio Consejo, por si se apreciasen responsabilidades disciplinarias, las diligencias informativas abiertas por la actuación de los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que el 22 de diciembre pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas), a 23 días del juicio, al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, quien posteriormente se dio a la fuga.

Tras examinar el informe del Servicio de Inspección del Consejo, la Comisión Permanente debatió lo ocurrido durante poco más de media hora y resolvió, por un lado, que sea la Comisión Disciplinaria, que se reunirá la próxima semana, la que decida si se abre o no un expediente disciplinario a los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, y por otro, remitir el caso al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, 'por si los hechos fueran constitutivos de delito, por parte de tales magistrados o por la de terceros intervinientes en los hechos'.

Los vocales José Antonio Alonso y Javier Martínez Lázaro, integrantes de la Permanente, suscribieron un voto particular concurrente ya que a su entender la propuesta debió dejar más claro que el Consejo, constitucional y legalmente, sólo tiene competencias disciplinarias y por ello, la apreciación de la existencia o inexistencia de delito corresponde exclusivamente al fiscal.

Sin embargo, el Consejo ya decidió el 2 de julio de 2001 abrir expediente disciplinario al magistrado de La Palma del Condado (Huelva) Justo Gómez Romero y remitir testimonio de las actuaciones al fiscal 'al deducirse de las mismas la posible comisión de los delitos de cohecho, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos'.

Constitutivo de delito

Además, el artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: 'Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o Autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un juez o magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal'.

Por tanto, y a pesar de que los vocales han invocación la presunción de inocencia de los magistrados, el Consejo ha apreciado que los hechos pueden ser constitutivos de delito y por ello remite lo actuado al fiscal. Y también ve falta disciplinaria, porque no ha archivado las actuaciones, como podía haber hecho.

De hecho, fuentes del CGPJ señalaron que en la Permanente se había considerado que los magistrados podrían haber incurrido en prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), pero no dolosa (intencionada), sino por imprudencia grave, lo que de alguna manera contradice el 'a sabiendas'.

El informe de la Inspección del Consejo describe una resolución inexplicable de puesta en libertad de un peligroso narco justo 23 días antes del juicio en el que el fiscal solicitaba para él 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa (414,7 millones de euros). Según vocales del citado organismo, lo insólito de la decisión la hace cuando menos sospechosa de prevaricación.

Fuentes judiciales en la Audiencia Nacional consideraron que la medida adoptada era 'más espectacular que efectiva, ya que el Consejo ha dado la apariencia de preocupación de cara a la opinión pública, pero realmente existen pocas posibilidades de que el fiscal interponga una querella contra tres magistrados por una resolución que no es más que el ejercicio de la facultad jurisdiccional de los jueces, por muy equivocada que esté'. En el Consejo, sin embargo, señalaron que la efectividad de la medida se verá cuando concluya el caso, y no antes.

La Permanente alude en su resolución a 'terceros intervinientes', en referencia al psiquiatra que emitió el informe en el que se basaron los magistrados para poner en libertad a Carlos el Negro y también a los abogados del narco que iba a ser juzgado por su participación en la introducción de 10 toneladas de cocaína en España. Precisamente ayer, Instituciones Penitenciarias anunció la apertura de una investigación interna para determinar las circunstancias en las que se produjo el informe del psiquiatra de la cárcel de Valdemoro. En el dictamen, el psiquiatra apreciaba en el narco 'un trastorno bipolar, produciendo el encarcelamiento un efecto negativo en la evolución de su enfermedad'.