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POLÉMICA JUDICIAL

El CGPJ decidirá sobre la petición del fiscal de suspender a los jueces de la Operación Temple

Los magistrados, acusados de prevaricación por la fiscalía, acordaron la puesta en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas del presunto narcotraficante Carlos Ruiz, que luego se fugó

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy remitir al Pleno de este órgano la petición del fiscal de que sean suspendidos por prevaricación los tres magistrados de la Audiencia Nacional que acordaron la puesta en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas del presunto narcotraficante Carlos Ruiz El Negro, que luego se fugó.

Carlos Ruíz había sido detenido durante la Operación Temple contra el narcotráfico, y era considerado el enlace en España de las mafias colombianas.

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Según informa el portavoz del CGPJ, Enrique López, los cinco miembros de esta comisión han conocido durante la reunión de hoy el informe de la Fiscalía sobre la suspensión cautelar de estos jueces y decidieron "por asentimiento" remitirlo al Pleno, integrado por los veinte vocales más el presidente, "a los efectos legales oportunos".

Ninguna propuesta

Además, Enrique López indicó que la Comisión no ha realizado ninguna propuesta al Pleno, que se reunirá el próximo 6 de febrero. La Comisión Permanente podía dirigir al Pleno una propuesta, a favor o en contra de la suspensión cautelar de los tres jueces, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega.

La decisión final sobre la suspensión cautelar de los jueces corresponderá al Pleno del próximo 6 de febrero. En el Consejo existe división sobre si deben ser suspendidos por la admisión a trámite de la querella, dictada por el Tribunal Supremo, o hay que esperar a que se produzca un auto de procesamiento contra ellos.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió el pasado 17 de enero abrir un expediente disciplinario a Cezón, López Ortega y Ollero por una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consistente en la desatención de sus funciones jurisdiccionales.

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