Cardenal se querella contra los jueces que liberaron al presunto 'narco'

El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, se ha querellado por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), contra los tres jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que liberaron bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, alias Carlos el Negro, que aprovechó para fugarse. Así, el Supremo investigará ahora la decisión de los jueces Cezón, López Ortega y Ollero que, de ser culpables, pueden ser condenados hasta a 20 años de inhabilitación.

Según la querella, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, integrada por los tres querellados, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, dictó un auto el pasado 21 de diciembre en el que, pese al "evidente riesgo de fuga", decidió la puesta en libertad de Ruiz de Santamaría. Asimismo, la Fiscalía considera que la fianza impuesta a Ruiz de Santamaría para quedar en libertad, "fue claramente exigua, visto el potencial económico, puesto de relieve en la causa, de la organización en la que el procesado estaba integrado como elemento fundamental".

En su escrito, de once folios, la Fiscalía solicita al Supremo que admita a trámite la querella, que dirija el procedimiento contra los acusados, y que comunique tal decisión al Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de la suspensión cautelar en sus funciones prevista en el artículo 383.1 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que prevé tal medida cuando se proceda penalmente contra jueces por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El fiscal pide al Supremo que nombre un juez instructor de la causa que se encargue de tomar declaración a los tres magistrados querellados, al secretario de la Sección Cuarta, y al médico Angel Lebreros -estos dos últimos en calidad de testigos-, de la cárcel madrileña de Valdemoro, que redactó el dictamen psiquiátrico en el que los jueces basaron la excarcelación.

Según fuentes judídicas consultadas por EL PAIS, se barajaba también la posibilidad de presentar una querella por negligencia profesional, aunque se ha optado por prevaricación, un delito mucho más grave.

Libertad a 23 días del juicio

Los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaron el pasado 22 de diciembre la libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas de Carlos Ruiz, que iba a ser juzgado el próximo 14 de enero.

Carlos Ruiz pagó los cinco millones de pesetas de fianza que le impuso la citada Sección Cuarta de la Audiencia Nacional y se fugó para eludir el juicio oral que tenía pendiente y en el que el fiscal pedía más de 60 años de cárcel por supuestos delitos de narcotráfico.

"Transtorno bipolar"

Para tomar esta decisión, se basaron en un informe del especialista en psiquiatría legal del centro penitenciario de Valdemoro, en el que se afirmaba que Ruiz de Santamaría sufre un "trastorno bipolar" o psicosis maniaco depresiva con tendencias suicidas, por lo que el médico recomendó "un tratamiento ambulatorio, dada la relación de estrés actual y la vulnerabilidad para prevenir nuevas crisis".

Cardenal había encomendado el estudio de la documentación del caso al teniente fiscal, José María Luzón, y a los fiscales jefes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Aranda y Eduardo Torres Dulce.

Todos ellos tienen categoría de fiscal de Sala y los tres son o han sido jefes de la Fiscalía para la Sala de lo Penal del Supremo, es decir que integran la cúpula fiscal y tienen gran experiencia en esa jurisdicción, la única competente para juzgar a los magistrados de la Audiencia Nacional.

Inhabilitación

La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha acordado recabar el testimonio de los tres magistrados antes de decidir si les abre o no expediente disciplinario, que podría ir desde la advertencia, hasta la separación de la carrera. Posteriormente, el día 17 de enero, se reunirá para resolver la sanción.

Entretanto, como ha reconocido hoy el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, sólo podrá dictar la inhabilitación temporal de los tres magistrados si el Supremo admite a trámite la querella de Cardenal y así lo solicita al CGPJ.