La fuga del 'narco' escandaliza a jueces y políticos

Sorpresa y preocupación. Ésta es la primera impresión que ha provocado entre las asociaciones de jueces y fiscales y la oposición política la decisión de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, cuando apenas faltaban 20 días para su juicio, y que ha derivado en su posterior fuga.

La cercanía del juicio de Santamaría, previsto para el 14 de enero, y la especial gravedad de los delitos que se le imputan -la fiscalía le acusa de coordinar la introducción en España de más de 10 toneladas de cocaína y 208 kilos de heroína y pide para él 60 años de cárcel y una multa de 69.000 millones- hacen pensar a la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se debía haber tomado en cuenta 'con mayor cautela y precaución' el riesgo de fuga.

La APM dice que se debería haber considerado con mayor cautela el riesgo de fuga

Su portavoz, Vicente Magro, indicó ayer que 'en cuestiones tan delicadas como el tráfico de estupefacientes hay que ser muy cauteloso'. Y continuó: 'No es igual un delito de robo, que no produce tanta alarma social, como los delitos contra la salud pública, que tantas consecuencias sociales provocan. Por eso en estas situaciones es preciso extremar las medidas de cautela y precaución'. 'La imagen de la Justicia está en juego en cuestiones como ésta, que tanto pueden sorprender a la opinión pública', añadió.

Por eso, el portavoz de la APM considera 'muy acertada la rápida reacción' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al abrir una investigación; y la califica de 'un paso más en la línea que ha tomado el nuevo CGPJ de crear un Consejo de Imagen para intentar que la ciudadanía reciba una imagen mejor de la Justicia'. 'Que se fugue una persona en estas circunstancias nos preocupa, porque produce alarma social, contribuye a una imagen de la Justicia ya muy deteriorada y pone a los jueces en una situación delicada no deseada por nosotros mismos', concluyó.

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Carlos Granados, calificó de 'sorprendente' la puesta en libertad de Santamaría 'porque se trata de un hecho delictivo muy grave y sobre todo teniendo en cuenta que el riesgo de fuga era evidente'. También insistió en la preocupación que provoca en los propios jueces: 'Todos en la Administración de Justicia intentamos ser eficaces en la lucha contra la criminalidad y, en casos como éste, aún más porque se trata de un narcotraficante'.

También la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, insiste en lo insólito de la decisión judicial. 'Resulta extraño que a una persona que lleva meses en prisión se le rectifique el criterio que le mantenía en ella cuando apenas faltan unos días para el juicio. Porque si había motivos para mantenerlo tanto tiempo en ella, tiene que haber razones muy poderosas que justifiquen el cambio', comentó su portavoz, José Antonio Martín Caro. También consideró acertada la decisión del CGPJ de abrir una investigación: 'Primero hay que ver qué ha pasado y luego haremos valoraciones sobre las causas'.

Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Antonio Camacho, además de calificar de 'inusual' la decisión de la Sección Cuarta Penal, se mostró desconcertado por el hecho de que 'no se tomaran medidas cautelares suficientes'. 'No basta con prohibirle [a Santamaría] abandonar su domicilio, sino que se debía haber establecido la necesidad de una custodia policial', insistió.

Camacho criticó también que el auto de libertad se basara en un informe del psiquiatra de la prisión que dictaminaba un 'trastorno bipolar con tendencias suicidas'. 'En las cárceles la gente tiende a estar deprimida, pero existen múltiples posibilidades para tratarlas; y más cuando faltan 20 días para el juicio y se juega la posibilidad de que se produzca'.

Menos duro con la actuación de los magistrados fue el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Miguel Carmona, quien sostuvo que, 'para evaluar este tipo de decisiones no se puede uno colocar a posteriori, sino en el momento en que el tribunal adoptó la decisión'. Y precisó que 'si el tribunal hubiera sabido lo que iba a ocurrir después, no hubiera adoptado la decisión'.

Otro portavoz de la misma asociación, José María Fernández Seijo, declaró a Europa Press que 'probablemente hubo un error o una valoración indebida de las circunstancias' y añadió que cuando se pone en libertad a una persona pendiente de juicio por una acusación grave y con una 'pequeña fianza' [cinco millones de pesetas] y ésta se fuga, se pone de manifiesto que 'el sistema judicial ha fallado'.

Desde las filas del PSOE, su portavoz de Justicia, Fernando López Aguilar, fue muy contundente con la decisión judicial: 'Nos parece un escándalo, un despropósito fenomenal; estaba cantado que la fuga iba a suceder'. En su opinión, resulta 'incalificable' que la Audiencia Nacional, 'no por primera vez, haya adoptado una resolución de consecuencias catastróficas excarcelando a un narcotraficante. Tiene que ser la última vez porque esta resolución retrata lo peor de la justicia española'.

'Ahora procede una investigación a fondo del CGPJ', continuó; aunque recalcó que su actuación 'no puede parecerse al escándalo que se produjo en relación con el robo de documentos en los juzgados de Marbella'. 'No basta con visitar la sede judicial, tomar café y, en uno o dos meses, cuando todo esté enfriado, redactar un informe exculpatorio. Un ultraje de tal calibre al crédito de la Justicia no puede quedar sin explicaciones: que afecte al expediente y a la carrera de estos magistrados'.

También Izquierda Unida exige 'una investigación rápida y eficaz', en palabras de su coordinador general Gaspar Llamazares, que resaltó la importancia de la ' concreción de responsabilidades y sanciones acordes con la grave responsabilidad que se imputa. Estamos ante una prueba de fuego de la nueva dirección del CGPJ para ver y demostrar si es capaz de anteponer los intereses generales de todos frente a los intereses corporativos'.

Sobre la investigación en marcha, José Luis Requero, vocal del CGPJ, recalcó en la Cadena SER que, en su opinión, los magistrados que dejaron libre a Carlos Ruiz Santamaría no han cometido delito, sino que tomaron 'una decisión que ha resultado fallida'. Recordó que mientras no haya delito, 'el Consejo jamás puede entrar en el contenido de las resoluciones jurisdiccionales, salvo que hubiese otras circunstancias, que yo creo, honradamente, que en este caso no se dan. Me refiero a un posible delito'. Requero indicó, no obstante, que el CGPJ sí puede intervenir disciplinariamente en el supuesto de que los magistrados hayan incumplido sus obligaciones de tipo profesional.