Cardenal acusa de prevaricación a los jueces que liberaron al presunto 'narco'

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, presentó ayer una querella por prevaricación dolosa (intencionada), tipificada con multas de 12 a 24 meses e inhabilitación de 10 a 20 años, contra los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que el 22 de diciembre pasado dejaron en libertad provisional con fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, que aprovechó la circunstancia para fugarse. El Supremo deberá resolver si la admite a trámite.

La querella fue deliberada por la cúpula de los fiscales integrada por el fiscal general, el teniente fiscal, José María Luzón, y los fiscales jefes de lo Penal del Tribunal Supremo, Eduardo Torres Dulce y José Aranda. Sin embargo, va firmada únicamente por Luzón, el mismo fiscal que actuó en el caso Liaño, y que no veía delito en la actuación del juez Javier Gómez de Liaño, que luego fue condenado por el Tribunal Supremo a la expulsión de la carrera judicial por tres delitos de prevaricación continuada.

En este caso Luzón aprecia que los jueces no pusieron en libertad al supuesto narcotraficante Carlos el Negro por una equivocación, sino intencionadamente, señalando que incluso libraron un mandamiento de libertad por fax el día anterior a que fuera constituida la fianza de cinco millones de pesetas que habían impuesto. Por ello, el fiscal solicita que los querellados queden en libertad provisional, 'con obligación (...) de comparecer siempre que fueren llamados y, en todo caso, los días 1 y 15 de cada mes, con fijación de domicilio y formación de piezas de situación y responsabilidad civil'. Al mismo tiempo insta al Supremo a que comunique su decisión al Consejo del Poder Judicial, para que se suspenda de sus funciones a los magistrados.

'Humillación innecesaria'

La petición de medidas cautelares contra los tres jueces ha sido calificada como 'insólita' y considerada por gran parte de los magistrados de la Audiencia Nacional consultados como una 'humillación innecesaria, puesto que aunque han cometido un error, no se van a escapar'. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Siro García, admitió a la cadena Ser que sus compañeros habían cometido 'un error' pero defendió su honestidad.

La decisión queda ahora en manos de la Sección de Causas Especiales de la Sala Segunda del Supremo, integrada por el presidente, Luis Román Puerta y los magistrados Enrique Bacigalupo y José Ramón Soriano. En el caso de que admitieran a trámite la querella, el Supremo deberá dar cuenta al Consejo del Poder Judicial. Este organismo debería, en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suspender a los tres magistrados, nada más conocer la admisión a trámite. Sin embargo, en el caso de Liaño, el Consejo sólo le suspendió en sus funciones después de que fuera procesado.

El texto de la querella evidencia que el fiscal propone apartar a los magistrados de sus funciones puesto que en el último párrafo 'expresamente interesa se dicte auto de procesamiento', para el caso de que el tribunal se incline por el procedimiento ordinario, en lugar del abreviado.

Magistrados de la Audiencia Nacional señalaron que parece evidente que la Fiscalía quiere aprovechar el error cometido en la liberación del narcotraficante para apartar a los magistrados de la sección Cuarta por sus decisiones en los casos sobre Ekin, Xaki y otras entidades del entorno de ETA. Los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega, con la oposición de su compañero Carlos Ollero, han dictado varias resoluciones en las que han puesto en libertad a personas del entorno etarra.