La Audiencia respalda unánimemente a los tres jueces que liberaron al supuesto 'narco'

La Audiencia Nacional respalda unánimemente a los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, contra los que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, interpuso el jueves una querella por prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) tipificada con penas de 10 a 20 años de inhabilitación. Los tres jueces pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, que aprovechó para fugarse. El presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, y los magistrados de la Sala de lo Penal defendieron la honradez de sus compañeros.

Los magistrados de la Sala de lo Penal hicieron público un comunicado en el que señalan: 'Somos conscientes de que, como depositarios de un poder estatal, hemos de estar sometidos no sólo a las responsabilidades derivadas de un eventual defectuoso cumplimiento de nuestro deberes estatutarios sino a toda clase de crítica pública'. 'Pero debe explicarse', agrega la nota, 'que la comisión de errores apreciables a posteriori en materia de libertades provisionales no permite, sin otro punto de apoyo, dudar de la honradez profesional de los magistrados de la sección cuarta, los cuales gozan del máximo prestigio y de la mejor consideración por parte de todos los miembros de la Sala'.

El presidente de la Audiencia reforzó este pronunciamiento con su declaración ante un grupo de periodistas: 'Particularmente, creo que los magistrados actuaron de buena fe, es decir, en la creencia de que querían, en aquel momento, salvar una situación, como podía ser la posibilidad de un suicidio, y evitarlo. Yo creo que actuaron de buena fe y dentro de un orden jurisdiccional. Otra cosa es que su decisión haya sido acertada o desacertada'. Dívar distinguía así entre lo que supone un error y una prevaricación, es decir, la intencionalidad de poner en libertad a un narcotraficante.

'Sufro con ellos'

Carlos Dívar añadió: 'En estos instantes, sufro con ellos lo que están sufriendo y estoy cerca de mis magistrados, como corresponde al presidente de la Audiencia Nacional. Éste es el momento de la dificultad, del problema o de la crítica, que no quiere decir que yo diga que no han existido errores'.

Tras recalcar que está al lado de sus magistrados y que no duda de la 'honestidad en su decisión', Dívar aseguró: 'Hay una sensación de dolor y preocupación. Los magistrados en general siempre piensan en ese sentido de las decisiones jurisdiccionales y el poder dictarlas con la libertad de conciencia que les concede el ordenamiento legal, y en ese sentido hay un sentimiento general de preocupación y dolor'.

Respecto a la imposición de medidas cautelares a los tres jueces que se solicitan en la querella de Cardenal, el presidente de la Audiencia manifestó: 'Ni ahora ni nunca van a eludir la acción de la justicia estos magistrados. Estoy convencido de que siempre van a estar al servicio de la justicia'.

Dívar no quiso pronunciarse sobre si Cardenal hubiera interpuesto la querella en caso de tratarse de otro tribunal distinto que el que ha puesto en libertad a varias personas del entorno de ETA. 'Pregúnteselo al fiscal', respondió. Tampoco quiso pronunciarse sobre si la querella pretende servir de escarmiento. 'Yo no sé si es un escarmiento o quién quiere dar ese escarmiento, pero estamos tranquilos, porque seguro que el Tribunal Supremo va a administrar justicia y no va a tomar decisiones de carácter político'.

Por su parte, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, defendió en diversos medios informativos la decisión de querellarse por prevaricación dolosa (intencionada) contra los magistrados. Cardenal aseguró que la excarcelación de Carlos el Negro fue una decisión 'absolutamente inexplicable y falta de racionalidad', lo que evidencia, a su juicio, que los magistrados de la Sección Cuarta tuvieron que darse cuenta de lo que hacían.

El fiscal del Estado destacó la 'falta de motivación' del auto de libertad y que éste se había adoptado en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, que había puesto de manifiesto que el riesgo de fuga había aumentado al aproximarse la fecha del juicio.

Fuentes de la Audiencia, sin embargo, consideran que los acusados no suelen fugarse antes del inicio del juicio, sobre todo si va a durar muchos meses, como el de la Operación Temple, sino cuando está a punto de dictarse sentencia. Muchos acusados tienden a esperar la sentencia en paradero desconocido y si les es desfavorable, se fugan.

Tratamiento ambulatorio

Cardenal recordó que el informe del psiquiatra no pedía la excarcelación del narcotraficante, sino un tratamiento ambulatorio, que se podía prestar desde la prisión e insistió en que era absolutamente improcedente la libertad bajo fianza cuando faltaban 23 días para la celebración del juicio.

El fiscal general incidió también en que, en cualquier caso, se deberían haber impuesto unas medidas cautelares mayores, como el arresto domiciliario con una vigilancia policial suficiente y una fianza mucho mayor. Tras señalar que no tiene nada en contra de los magistrados, recordó que, como a todos los ciudadanos, les asiste la presunción de inocencia.

El fiscal del Estado rechazó que la presentación de la querella tenga relación alguna con el hecho de que los magistrados de la Sección Cuarta hayan puesto en libertad a una veintena de personas del entorno de ETA en otros procedimientos y que sus planteamientos van en contra de la postura del Gobierno en la lucha antiterrorista. 'No hemos tenido en cuenta absolutamente nada que no esté en la causa. Estos señores son, para mí, honestos y honrados, y no hemos considerado nada de lo que han hecho antes'.