El caso del 'narco' liberado por los jueces rompe otra vez el Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial acordó ayer, por 12 votos contra 9, la suspensión en sus funciones de los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que en diciembre pasado pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (5 millones de pesetas) al narcotraficante Carlos Ruiz, Carlos El Negro. El Poder Judicial estuvo dividido porque los vocales progresistas y uno de los conservadores consideran que la suspensión no debía de haberse producido en este momento, sino sólo en el caso de que los magistrados hubieran sido procesados.

La suspensión se ha acordado al amparo del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: 'La suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar en los casos siguientes: Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'. La suspensión está condicionada al resultado de la querella.

Y el pleno del Consejo ha entendido que la mera admisión a trámite de la querella por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) presentada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, contra los tres magistrados supone que se ha abierto procedimiento contra ellos.

Paradoja

Según el portavoz del Consejo, Enrique López, el debate sobre la suspensión fue 'tranquilo y ordenado' y en el mismo sólo hubo 'argumentos jurídicos'. Todos los vocales consultados admitieron la falta de crispación en el debate, si bien señalaron como paradójica la actuación de Adolfo Prego. Este vocal actuó como portavoz de los argumentos de la mayoría, integrada por los consejeros nombrados a propuesta del PP y CiU, así como del independiente Agustín Azparren, defendiendo la necesidad de suspender a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, Prego votó luego con los vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU, que propugnaban que la suspensión no se debía de haber acordado en este momento, sino únicamente si los tres magistrados eran procesados.

En un almuerzo privado con otros vocales, Prego explicó que la suspensión es una medida técnica y legal, pero que sus efectos son desmedidos, según informó uno de los asistentes. Además, Prego actuó por coherencia con sus posturas en el caso Liaño, ya que en aquel asunto sostuvo que el ex juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño no debía ser suspendido hasta después de ser procesado.

El vocal José Luis Requero también defendió una postura similar en la reunión que los vocales de la mayoría mantuvieron para fijar la postura a seguir. Sin embargo, luego se atuvo a la disciplina de voto, y votó en favor de la suspensión.

Los ocho vocales progresistas: Luis Aguiar, José Antonio Alonso, Juan Carlos Campo, Monserrat Comas, María Ángeles García, Javier Martínez Lázaro, Félix Pantoja y Fernando Salinas, formularon un voto particular en el que explicaron que estaban en contra de que la suspensión se produjera en este momento. Estos vocales destacan que 'cualquier ciudadano debe tener la garantía de que los jueces y tribunales no pueden ser apartados de su trabajo por otra voluntad que la de la ley'. Son los principios de independencia e inamovilidad. Sin embargo, a partir de hoy, 'cualquier querella criminal formalmente bien redactada es admitida por el órgano judicial competente. Basta con que la querella describa un hecho que pueda constituir delito. Por lo tanto, la querella se admite antes de cualquier comprobación objetiva respecto de si realmente lo que se dice en la misma es cierto o no'.

'Si con la simple admisión de la querella, y por tanto antes de cualquier investigación se aparta al juez querellado', dicen los vocales progresistas, 'está claro que cualquier juez queda en manos de un eventual querellante'.

El voto particular recuerda que en el caso Liaño el Consejo esperó a la investigación y al procesamiento y que en aquel caso el fiscal del Estado informó que la suspensión sólo era viable con la firmeza del procesamiento.

Agregan los ocho vocales que no puede haber independencia sin responsabilidad judicial y que hubieran votado por la suspensión si hubiera habido procesamiento.

El vocal José Antonio Alonso lamentó 'la situación de los magistrados suspendidos y la situación en la que queda la Audiencia Nacional, cuyos jueces pueden quedar completamente desanimados'. Alonso expresó su deseo de que el proceso penal llevado por el Supremo concluya cuanto antes'.

Los vocales de la mayoría defendieron su postura señalando que 'no se oculta a la sociedad la trascendencia de los hechos reflejados en la querella del fiscal, cuya intrínseca gravedad, unida a razones de pura técnica jurídica, conducen razonablemente a la conclusión de que no deben seguir administrando justicia los magistrados integrantes de un tribunal que está sometido en su totalidad a una imputación de semejante entidad'. Además, los vocales conservadores resaltan que la medida de suspensión 'no puede ser aplicada con automatismo y a la generalidad de los casos', aunque en este caso resulta proporcionada a la gravedad de la imputación'.

Excusa

Algunas fuentes de la Audiencia Nacional insistieron ayer en que la puesta en libertad de Carlos El Negro ha sido utilizada como excusa para suspender a los tres magistrados ya que lo que realmente molesta al Ejecutivo son sus resoluciones en los casos sobre el entorno de ETA, en los que mantienen tesis contrarias a la política antiterrorista del Gobierno. No obstante, ayer, justo antes de ser suspendidos, los tres magistrados confirmaron la ampliación del procesamiento por delitos de terrorismo y pertenencia a banda armada de Pepe Rei, ex director de la revista Ardi Beltza (Oveja Negra).

Los magistrados llevan la sección al día y únicamente tienen 10 o 12 juicios pendientes de celebración. Inicialmente, otros magistrados de la Audiencia Nacional se harán cargo de su trabajo, y de hecho, Francisco Castro Meije, Ángela Murillo y José Ricardo de Prada formarán el tribunal que enjuiciará a los 37 procesados de la Operación Temple sobre la introducción de 10 toneladas de cocaína en España.

No obstante, muy probablemente, el Consejo General del Poder Judicial designará a otros magistrados en comisión de servicios para que se hagan cargo de la Sección Cuarta de la Audiencia, en tanto los titulares están suspendidos.

Los portavoces del PSOE Juan Fernando López Aguilar y Javier Barrero criticaron la 'instrumentalización' del Consejo, imponiendo un criterio distinto del seguido en el caso Liaño y 'que afecta a la independencia judicial'.