El jucio de la 'Operación Temple' comienza mañana tras la polémica fuga del principal acusado

La sección cuarta de la Audiencia Nacional iniciará mañana el juicio de la denominada Operación Temple, entre cuyos acusados se encuentra el presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría El Negro, considerado el enlace en España del cartel de Bogotá y del cartel de la Costa, y quien aprovechó la libertad bajo fianza decretada por los miembros de este tribunal para fugarse.

La decisión de los tres magistrados del tribunal -Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero- de poner en libertad al presunto narcotraficante provocó que el fiscal general del Estado presentase la pasada semana contra ellos una querella por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

El auto de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia que ponía en libertad provisional al presunto narcotraficante justificaba la medida en que el procesado padece un 'trastorno bipolar' de carácter psiquiátrico y un informe del centro recomendaba su tratamiento ambulatorio.

El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, pide 60 años de prisión para Ruiz Santamaría al considerarle delegado en España de una organización de narcotraficantes colombianos y españoles dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución en Europa.

El Ministerio Público acusa a 38 personas de diferentes nacionalidades de conformar este grupo, que a su vez estaba integrado en una organización supranacional más amplia que tenía su centro de operaciones en Colombia.

Durante los dos años en los que operó el grupo antes de su desarticulación, se calcula que la cantidad de cocaína transportada y distribuida dentro y fuera de España fue de 52.000 kilos, a razón de unos mil kilos cada quince días.

El fiscal relata el proceso de adquisición y transporte de la droga desde Sudamérica a España que se repetía sin apenas variaciones de tal forma que el cartel adquiría en Bolivia, Perú y Colombia la cocaína, que era producida en laboratorios clandestinos y trasladada en grandes buques "nodriza" propiedad de la organización que se cargaban en alta mar.

Para entrar en Europa, los barcos tenían fijado un punto que en el caso de España se ubicaba entre las Islas Canarias y Las Azores, y posteriormente, contrataban a los diferente grupos para el traslado de la droga a tierra y el almacenamiento previo a su distribución.

Desde allí, la droga era llevada a diferentes bodegas de Madrid donde se guardaba y se iban extrayendo las cantidades que precisaban.

Dentro de estas actividades la organización "comisionó" a Ruiz Santamaría, de nacionalidad colombiana, para trasladarse a España donde, además de coordinar y supervisar los transportes de droga, determinaba el reparto de las diferentes partidas de estupefacientes que se introducían en el territorio nacional, añade el escrito del fiscal.

En mayo de 1999 se detectó la primera operación de transporte de cocaína -6.400 kilos- a bordo del barco nodriza Koei Maru, bajo la coordinación de El Negro y el también procesado Alfonso León Fernández, a quien el fiscal considera líder del grupo en España.

La droga entró en España por la costa gallega y de la misma se extrajeron 1.940 kilos como precio a percibir a un grupo gallego por su trabajo.

El 9 de julio las fuerzas de seguridad localizaron el local donde se escondían 4.383 kilos de cocaína cuyo precio habría alcanzado las 26.298 millones de pesetas (158 millones de euros).

Posteriormente, en una vivienda de la localidad madrileña de Batres se encontraron más de 85 kilos de cocaína y 208 de heroína.

En julio de 1999 se inició otra operación de transporte de cocaína a bordo del buque Tammsaare que zarpó de Panamá y que fue abordado por una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera en aguas próximas a las islas Canarias.

Dentro del buque, cuya tripulación había sido contratada en Rusia y Estonia, se encontraron 6.540 kilos de cocaína que habrían alcanzado un valor de 39.240 millones de pesetas (235,8 millones de euros).

A raíz de la captura del Tammsaare fueron detenidos los presuntos miembros de la organización, a los que les fueron intervenidos diferentes efectos y vehículos utilizados en el desarrollo de sus actividades ilícitas.

El fiscal considera los hechos constitutivos de delitos contra la salud pública, contrabando y falsificación de documento oficial.

Para los 38 acusados solicita penas que van desde los 60 años de cárcel que pide para Ruiz Santamaría a los 14 años para los tripulantes del Tammsaare, además de multas millonarias para todos ellos.