La LOU, en marcha

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves el texto definitivo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), tras un vertiginoso paso por el Senado en el que ha sido ampliamente enmendada. Esas enmiendas no han sido menores, y alguna de ellas abre vías que permitirán compatibilizar determinadas tareas docentes entre universidades públicas y privadas mediante convenios. La tramitación parlamentaria ha ido acompañada de un debate a veces confuso, pero que ha servido para poner de manifiesto el profundo desacuerdo de amplios sectores de la comunidad universitaria con aspectos sustanciales de la ley y, sobre todo, con los procedimientos empleados para elaborarla.

Pero las leyes, una vez promulgadas, deben ser aplicadas. Y en este caso deben serlo por las mismas universidades que se han sentido agredidas. El proceso, por lo tanto, no ha terminado, sino sólo una de sus fases. Ahora se inicia otra en la que los claustros y juntas de gobierno tendrán que adaptar la compleja normativa interna a la ley, las comunidades autónomas tendrán que completar una parte de las previsiones legales en el marco de sus competencias y, sobre todo, habrá que poner a prueba los efectos de las modificaciones que se han introducido, especialmente en lo que se refiere a la selección del profesorado y a los órganos de gobierno universitarios.

Ni se ha producido un compromiso gubernamental de aumento de dotaciones económicas, primer paso, aunque no único, para mejorar la calidad de nuestra educación superior, ni parece que la belicosa actitud del Gobierno predisponga a un apoyo sin reticencias a nuestras universidades. Pero sin un incremento de los recursos dedicados a la educación superior y la investigación, hasta alcanzar niveles que nos permitan homologarnos con los países de nuestro entorno, sin una idea de universidad que trascienda los rifirrafes entre sectores del profesorado y la sitúe, con amplitud de miras y generosidad, en la posición central que debe tener en las sociedades modernas, y sin el apoyo decidido de la comunidad universitaria, parece difícil que se produzca la transformación que nuestro sistema universitario demanda. Una transformación que todo el mundo considera vital para el futuro de nuestro país, pero que puede ser obstaculizada por una ley discutible en sus contenidos y mal negociada con sus destinatarios más inmediatos.