La Comunidad gastará en cada familia pobre una media de 4 millones de pesetas en 5 años

Los problemas de las 27.000 familias madrileñas que sufren una 'pobreza extrema' acapararon ayer buena parte de la actividad del Parlamento regional. Por la mañana, el Gobierno presentó su Plan contra la Exclusión Social, que contempla 138 medidas contra la marginación, con un gasto total de 103.000 millones de pesetas en cinco años (2002-2006), lo que supone dedicar 800.000 pesetas al año a cada una de esas familias. Uno de los principales pilares de este plan es la Ley de Rentas Mínimas, que establece una ayuda mensual de 48.895 pesetas para personas sin recursos.

La Asamblea aprobó ayer tarde la Ley de Rentas Mínimas de Inserción -consensuada con la patronal, CC OO y UGT- con los votos favorables del PP y la abstención de PSOE e IU. Pero el Plan contra la Exclusión Social -dirigido a las 27.000 familias que, según un estudio de la Comunidad, tienen ingresos inferiores a las 60.000 pesetas mensuales, con una media de tres miembros- recoge otros compromisos: aumentar el acceso a cursos de la población analfabeta, fomentar programas de apoyo a las escuelas con más alumnos desfavorecidos y duplicar el número de viviendas sociales que se construyen cada año (pasando de las 1.100 actuales a 2.500).

Tanto el PSOE como IU admitieron que la Ley de Rentas Mínimas supone un avance respecto al actual IMI (ingreso madrileño de integración), pero justificaron su abstención en la actitud del PP 'de no aceptar prácticamente ninguna enmienda de peso' de las presentadas por la oposición.

IU solicitaba que la renta mínima se pueda percibir desde los 18 años y no desde los 25 -como ha quedado establecido, salvo en el caso de jóvenes desamparados que han vivido tutelados por la Comunidad-. También pedía que los hogares pobres reciban una renta mínima por adulto, cuando el texto legal aprobado prevé que sólo el cabeza de familia perciba esta ayuda y cobre después un 25% más por la segunda persona a su cargo y un 15% por las restantes, con un tope máximo equivalente al salario mínimo interprofesional (72.000 pesetas al mes).

La parlamentaria socialista Carmen García-Rojas reconoció 'el esfuerzo del Grupo Popular por llegar a un consenso'. 'Pero 10 minutos antes de finalizar la última reunión', agregó la diputada, 'se vio que fue un intento inútil, porque la Consejería de Servicios Sociales echó por tierra enmiendas ya pactadas'.

Los socialistas querían que la ley recoja, de forma explícita, la posibilidad de conceder con urgencia estas ayudas a mujeres denunciantes de maltrato que se hayan visto obligadas a abandonar el hogar conyugal. El PP sostiene que el artículo 6 de la norma ya prevé esas situaciones al permitir que personas 'en extrema necesidad' accedan al subsidio aun no cumpliendo todos los requisitos.

La postura de la oposición fue calificada de 'papelón' por el portavoz del PP, Mario Utrilla. 'Las 27.000 familias madrileñas con nulos recursos no merecen la posición abstencionista de PSOE e IU. No es ni lógico que se abstengan en una ley consensuada con los sindicatos y que supone un claro avance respecto al IMI', concluyó. Las nuevas rentas mínimas empezarán a ser concedidas en enero.

Inversiones ya en curso

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, reconoce que en los 103.000 millones previstos para el Plan contra la Exclusión se incluyen nuevas inversiones, pero también otras que llevan ya tiempo en ejecución e incluidas en los presupuestos regionales, como, por ejemplo, los programas contra el absentismo escolar, los cursos formativos y la construcción de viviendas sociales. De ese dinero, 40.000 millones se dedicarán al pago de las rentas mínimas y otras ayudas complementarias; 6.000 millones, a formación y empleo de sectores desfavorecidos; 37.000 millones, a mejoras educativas; 106 millones, a planes de salud con excluidos, y 20.000 millones, a proyectos de vivienda social.

'Lo más importante del plan es su carácter transversal. A partir de ahora todas las consejerías, y no sólo la de Servicios Sociales, deben comprometer parte de sus fondos a la lucha contra la exclusión', aseguró Martínez.

En 2002, al plan se dedicarán 18.000 millones de pesetas, de los que 7.100 serán para el pago de las nuevas rentas mínimas de inserción, que empezarán a ser concedidas a partir de enero, y para programas de acompañamiento social; 708 para planes de empleo; 6.577 para proyectos educativos; 20 millones para salud y 4.113 para vivienda social.