Medio Ambiente abre siete expedientes por edificaciones ilegales en Urdaibai

El Gobierno vasco tiene abiertos siete expedientes por la construcción de seis chalets y la ampliación de un restaurante contraviniendo la ley de protección de la reserva de la biosfera de Urdaibai. En cinco casos se ha edificado con la connivencia de los ayuntamientos de la zona, que han concedido autorización y no han respondido a los requerimientos del Departamento de Medio Ambiente para que las anularan. La ley de Urdaibai, en vigor desde 1989, es muy severa sobre la construcción de viviendas. Sólo se puede edificar en los núcleos urbanos, áreas consolidadas de varios caseríos o superficies muy concretas de más de 50.000 metros cuadrados vinculadas a una explotación agropecuaria. Además, el interesado en construir tiene que contar tanto con el permiso municipal como el del Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva.

Medio Ambiente intentó acudir a la vía judicial, pero los servicios jurídicos del Ejecutivo rechazaron la opción. La consejería estudia ahora cómo actuar, pero anuncia que no permitirá estas ilegalidades urbanísticas. El Patronato de la reserva ha visto con preocupación cómo en los dos últimos años proliferaban edificaciones incumpliendo las estrictas limitaciones urbanísticas que impone la ley. Estas restricciones han sido una de las principales quejas de los habitantes de los 22 municipios afectados por la reserva, que supone una extensión de 230 kilómetros cuadrados, desde el cabo de Matxitxako hasta el alto de Autzagane.

Medio Ambiente tiene ahora abiertos siete expedientes: la edificación de un chalet en el barrio Islas del municipio de Arteaga, que se paró el pasado año con la estructura de hormigón ya alzada; otro caso similar en el barrio de Abaroa en Sukarrieta, también expedientado el pasado año; dos chalets en el barrio Gametxo de Ibarrangelu, que tienen licencia municipal pese a su informe desfavorable y continúan en obras; la ampliación de un restaurante el barrio Lezika de Kortezubi, ya concluido, y que tuvo permiso mediante un decreto de alcaldía; un chalet en Mendata con informe desfavorable del Patronato pero licencia municipal, que también prosigue sus obras, y otro chalet en el barrio Gorozika, de Muxika, autorizado por el Ayuntamiento sin informe del Patronato, que está ya concluido y con sus propietarios residiendo en la vivienda.

El Patronato de Urdaibai, que en muchos casos se ha enterado de estas edificaciones cuando tenían las obras muy avanzadas, intentó una revisión de oficio de las cinco construcciones que han tenido el permiso municipal. Comentó la situación a los alcaldes de Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata y Muxika (todos ellos del PNV) y hubo una orden del anterior consejero de Medio Ambiente, Patxi Ormazabal, para cumplir la legalidad pero no encontró respuesta por parte de los alcaldes.

Ante ello optó por plantear un recurso contencioso administrativo ante los tribunales, pero, ante la sorpresa del Departamento de Medio Ambiente, los servicios jurídicos del Gobierno rechazaron la presentación de la denuncia alegando, entre otras cuestiones, la falta de precedentes. Un portavoz de la consejería, ahora dirigida por Sabin Intxaurraga, reveló que se está estudiando cómo actuar, pero anunció que se 'llegará hasta el final' y que el objetivo es acabar con estas edificaciones ilegales según la ley de Urdaibai.

Por su parte, las dos agrupaciones ecologistas de Urdaibai, el Taller de Ecología de Gernika y Zain Dezagun Urdaibai, han denunciado 'el estado de indefensión' actual de la reserva debido a que 'ciertos alcaldes y alcaldesas de la comarca, en connivencia con sectores especulativos, han decidido ya saltarse la normativa' y cometen 'presunta prevaricación administrativa'. Los grupos califican la situación de 'grave' y censuran el criterio de los servicios jurídicos del Gobierno porque, de no actuar, 'nunca va a haber precedentes' en la persecución de los incumplimientos de la ley de Urdaibai. En este sentido recalcan que, desde que se declaró este área como reserva de la biosfera hace 16 años, 'aún no se ha derribado ninguna edificación ilegal' .