Apagón y caos
Los servicios meteorológicos venían advirtiendo desde hace días de que el fin de semana sería duro en Cataluña y en otras partes de España porque se acercaba una ola de frío polar. Vanas predicciones. El temporal de frío y nieve que desde el pasado viernes azota Cataluña, y que amenaza a otras comunidades, causó un gran apagón en Barcelona y un bloqueo de las comunicaciones que dejó una buena parte del territorio incomunicado.
Más de 30 carreteras cortadas, incluidas todas las vías de acceso a Cataluña; varias líneas de tren paralizadas, y más de 2.000 personas refugiadas en polideportivos o en sus propios vehículos atrapados en alguna cuneta. Los ciudadanos de Barcelona quedaron, una vez más, abandonados a la suerte del monopolio de Endesa. Un gran apagón dejó a más de un millón de personas sin luz durante más de tres horas. Ayer todavía permanecían 30.000 ciudadanos sin fluido eléctrico.
A primera hora de la tarde del viernes, la ciudad se apagó, con parte del área metropolitana: los metros se pararon, los semáforos se bloquearon, las casas se quedaron sin fluido, muchos ascensores quedaron colapsados y la propia sede de la compañía eléctrica, que se había declarado por la mañana preparada para lo que viniera, se quedó sin luz. El Gobierno catalán tuvo que alquilar un generador para garantizar el suministro en el Palau de la Generalitat.
Las deficiencias de suministro eléctrico en Cataluña son más que alarmantes: en invierno, porque hace frío, y en verano, por el aire acondicionado. Recientemente, el Gobierno catalán había amonestado a la compañía eléctrica, decretando que mejorase sus líneas de suministro y estableciendo un plan de sanciones en caso de incumplimiento. La compañía respondió desafiante advirtiendo de que no actuaría sin compensaciones. La debilidad del Gobierno de Pujol ante Endesa, que actúa en régimen de monopolio en Cataluña tras la fusión-absorción de las tres eléctricas históricas, Fecsa, Enher e Hidruña, es elocuente. Esta debilidad contrasta con la dureza empleada el pasado verano contra el municipio de Llagostera, que se negaba a aceptar el trazado de una línea de alta tensión.
El caos de servicios y comunicaciones que está viviendo Cataluña ha puesto también al descubierto la incapacidad del Gobierno catalán para tomar medidas preventivas y contar con equipos especiales ante un temporal anunciado. La Generalitat no parece tener otro recurso que el de alertar a los ciudadanos, y regañarles después por no haber obedecido. A la vista de lo ocurrido, ha quedado claro que la Administración no controla un servicio público, aunque sea propiedad privada, como el suministro de electricidad, y que tampoco dispone de la organización y los equipos necesarios para este tipo de emergencias. Peor, imposible.
