Un informe oficial pide la reforma del sistema de becas de investigación científica

Una comisión de expertos concluye, en un informe encargado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en España existe 'opacidad' en la oferta de becas para investigación, 'discrepancias importantes en los criterios de evaluación' de estas ayudas, 'rivalidad y falta de coordinación entre los organismos' y una 'dispersión en las fechas de las convocatorias'. El informe recuerda que no existe un marco jurídico para la integración de investigadores al terminar su formación y señala la necesidad de crear una carrera investigadora con contratos sucesivos.

El informe de la Comisión sobre el Personal Investigador en Formación, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia la carencia de un marco jurídico y una carrera clara donde los becarios puedan integrarse. Además, los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), universidades y empresas se han mostrado 'poco capaces' de absorber el flujo de investigadores que produce el sistema. Esta comisión está integrada por siete expertos de diferentes universidades españolas designados por el director general de Investigación, Manuel de Hermenegildo, quien solicitó un informe sobre la situación de los investigadores españoles y los becarios.

La comisión resalta en el informe los cuatro aspectos negativos que caracterizan al sistema científico español: la falta de previsión en las convocatorias de las becas, el uso y abuso de la figura del becario, la precariedad del becario y la necesidad de establecer una carrera investigadora.

La carencia de una previsión de convocatorias de becas provoca una 'opacidad' en la oferta de ayudas, 'discrepancias importantes en los criterios de evaluación' y una situación de 'desconcierto', que lleva a los candidatos a presentar solicitudes diferentes. Además, la Comisión afirma que hay 'rivalidad y falta de coordinación entre los organismos y una dispersión en las fechas de las convocatorias'.

Convocatoria única

Los expertos recomiendan que se establezca una convocatoria única anual de becas, con un solo impreso de solicitud y un proceso de evaluación homogéneo y transparente para todas las becas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado. Propone que la convocatoria se realice en octubre de cada año, para que las becas estén operativas el 1 de enero.

En cuanto al abuso de la figura del becario, la comisión denuncia que se emplean, en ocasiones, 'para sustituir los contratos en prácticas o incluso para generar subempleo'. Considera que se ha abusado de la cobertura que proporciona la figura jurídica de la beca y se ha resentido así el sistema investigador y docente. Asimismo, considera que existe precariedad en el colectivo de becarios y apuesta por un cambio en la legislación para que las becas 'vayan pareciéndose a contratos laborales'.

La comisión estima que es necesario una carrera investigadora, ya que en la actualidad 'en el sistema público, como investigador estable, sólo se contempla la figura del funcionario y el sistema empresarial sólo absorbe una parte mínima de los investigadores', y apuesta por crear una 'plantilla de investigadores contratados'. El nuevo Programa Ramón y Cajal de contratación podría establecer esta nueva plantilla, pero los expertos estiman que su carácter coyuntural, la forma de financiación y la falta de previsión al final del proceso 'no permiten ser optimistas'.

Uno de los requisitos para contratar investigadores de forma viable en las universidades es que se 'cambie el sistema de financiación, dotándolas de recursos adicionales que tengan en cuenta los resultados de su actividad investigadora'. La comisión también advierte de la elevada edad media de la población investigadora española, entre 40 y 50 años de media, y de la inexistencia de una distribución que permita garantizar la continuidad de la investigación a medio y largo plazo. Finalmente, recalca la carencia de personal técnico especialista, lo que califica de 'verdaderamente importante'.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología no hizo ayer comentarios sobre el informe, a pesar de ser requerido para ello, mientras que la coordinadora de investigadores becarios y el Ministerio de Educación y Cultura (que convoca parte de las becas) aseguraron que no tenían conocimiento de que se hubiera encargado este informe ni de su contenido.