Cinco comunidades socialistas denuncian el chantaje del Gobierno en el traspaso sanitario

El Gobierno central pretende cerrar la próxima semana el traspaso de las competencias sanitarias a 10 comunidades que aún no las tienen, entre ellas cinco gobernadas por el PSOE (Asturias, Baleares, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha). Las condiciones planteadas por el Ministerio de Hacienda han provocado el rechazo de los Gobiernos autónomos socialistas. Una enmienda del PP que vincula la aceptación del traspaso sanitario a la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica ha desatado la protesta e indignación de los dirigentes socialistas.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Vicente Álvarez Areces, acusa al Gobierno de José María Aznar de tratar de imponer los traspasos sanitarios en unas condiciones económicas insuficientes, porque no cubren el coste real de la prestación de servicio de salud a los ciudadanos, lo que condenaría a las autonomías a incurrir en déficit futuros inasumibles para su arcas públicas. Pero además imputa al ejecutivo central prácticas de 'chantaje' y de 'coacción' al supeditar, mediante sendas enmiendas introducidas por sorpresa en el Senado, la aplicación del acuerdo de financiación autonómica pactado el 20 de julio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la aceptación de las competencias sanitarias antes del 1 de enero y en los términos económicos que pretende imponer el Ministerio de Sanidad. A juicio del Principado de Asturias, esta modificación entraña una 'quiebra de la lealtad institucional' y la 'ruptura unilateral, y a interés de parte, de un pacto de Estado que se está tramitando con rango de ley'. Según Álvarez Areces, dicho pacto de financiación excluía expresamente cualquier condicionamiento del mismo a la futura negociación de las transferencias de Sanidad.

Areces recuerda que el nuevo modelo de financiación autonómica, que debe entrar en vigor el 1 de enero, se había fundamentado en un pacto previo entre el PP y el PSOE. 'Estamos ante un verdadero escándalo porque se trata de invalidar un pacto entre administraciones con un chantaje en toda regla', asevera el presidente asturiano, quien agrega que el Gobierno de Aznar condena a la 'indefinición financiera' a las autonomías que no acepten la imposición del traspaso sanitario antes del 1 de enero, toda vez que se las pretende excluir unilateralmente del pacto de financiación de julio.

Este acuerdo, que se tramitó en el Parlamento con rango de ley, estaba específicamente desvinculado, sostiene el presidente de Asturias, de las negociaciones pendientes para el traspaso del Insalud a las diez comunidades autónomas que aún no gestionan las competencias sanitarias. 'Hasta ahora ninguna comunidad autónoma, ni las gobernadas por el PP ni las que están en poder del PSOE, ha llegado a acuerdo alguno sobre el traspaso sanitario porque la dotación económica que se nos ofrece', asegura el presidente asturiano, 'es manifiestamente insuficiente'.

'El coste de la Sanidad representa entre el 40 y el 45% de los presupuestos de cualquier comunidad, por lo que es un hecho de tal trascendencia que ninguna está dispuesta a recibir esa competencia con déficit. La partida económica que se nos está ofreciendo para 2002 no cubre ni los costes reales de la sanidad en 2001. Pero han puesto una cifra sobre la mesa y no aceptan negociarla. Dicen que o lo tomas o lo dejas', asevera Areces.

El Gobierno de Aragón tampoco está dispuesto a aceptar las transferencias sanitarias 'con imposiciones', según declara el presidente de la comunidadad, el socialista Marcelino Iglesias, informa Concha Monserrat. Si el Gobierno no cambia su postura, Aragón no descarta acudir a los tribunales para denunciar un cambio que perjudica sus intereses y que, a su juicio, nunca entró dentro del pacto por el nuevo modelo de financiación.

El titular de Sanidad, Alberto Larraz, ya dijo que estaba dispuesto a 'comer los turrones en el ministerio' porque las transferencias sanitarias 'no pueden aceptarse el día 1 de enero en las condiciones planteadas' por Madrid. La discrepancia fundamental en Aragón es de 20.000 millones de pesetas.

El consejero portavoz de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cree que a partir de ahora el Gobierno intentará flexibilizar su postura con las distintas comunidades porque 'con la subida de la gasolina para financiar la sanidad no se arregla todo el problema', informa Isabel Salvador.

'Confiamos en el sentido común y en que finalmente habrá una propuesta al alza [del Gobierno central] porque su posición inicial ha sido tan negativa que ni siquiera han firmado las comunidades del PP', dice..