Des-Concierto

El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso el proyecto de ley de artículo único que prorrogará por un año el Concierto Económico vasco si el 31 de diciembre no hay un acuerdo para su renovación. Desde el nacionalismo vasco gobernante se ha considerado esta iniciativa del ministro de Hacienda como una 'imposición' y una 'ruptura' de la filosofía de pacto en que se sustenta este instrumento básico del autogobierno de Euskadi en su faceta económico-financiera. Las alusiones reiteradas de Cristóbal Montoro a la prórroga han podido ser interpretadas como un elemento de presión sobre las instituciones vascas para forzar un acuerdo. Pero lo cierto es que el proyecto de ley aprobado permite dos cosas: en la mejor hipótesis, seguir negociando hasta bien avanzado diciembre y, de alcanzarse un compromiso, introducir como enmienda de totalidad a los Presupuestos el texto del Concierto renovado; en la peor, evitar el despropósito de que a partir del 1 de enero quede en el aire, sin base legal que lo sustente, todo el entramado jurídico-tributario por el que las haciendas forales pueden recaudar los impuestos y disponer de los recursos obtenidos.

El hecho de que todavía haya tiempo para un acuerdo de última hora no resta gravedad al fracaso con que se cerró la negociación la noche del jueves. Especialmente porque traslada del ámbito político al institucional la beligerancia que preside las relaciones entre los Gobiernos central y vasco. Y, sobre todo, porque se plantea sobre un instrumento singular y esencial del autogobierno vasco como es el Concierto Económico.

Del intercambio de reproches cruzado ayer se deduce que el punto de bloqueo se ha producido en torno a la cuestión de la participación del País Vasco en los órganos de la Unión Europea (UE). Con anterioridad, y a falta de cerrar algunas cuestiones técnicas, la parte vasca había conseguido muchas de sus aspiraciones de partida. Entre ellas, el mantenimiento del actual nivel de aportación al Estado por las competencias no asumidas -apenas 7.000 millones sobre una recaudación de 1,337 billones separaban las posiciones sobre la cuantía del cupo-, el establecimiento de mecanismos de cooperación que eviten que las discrepancias sobre cuestiones tributarias acaben sistemáticamente en los tribunales, así como fórmulas para ajustar la recaudación compartida de distintos impuestos. Pero también, que el Concierto sea de duración indefinida, y no de 20 años como hasta ahora, que era la principal aspiración de los negociadores vascos.

La demanda del Gobierno vasco de conseguir una interlocución directa con las instituciones de la UE cuando se aborden cuestiones relativas a sus competencias casi exclusivas en materia fiscal no es incongruente, pero es un objetivo más político que económico. La ley del Concierto de 1981, previa a la integración de España en Europa, no contemplaba los efectos de la misma y en la ampliación negociada en 1997 se introdujo un vago compromiso de 'colaboración' de las instituciones vascas en el ámbito de la UE, que no ha tenido una traducción práctica.

Sin embargo, cabe dudar de que un artículo del Concierto sea el lugar adecuado para precisar el modo de participación de las autonomías -no sólo del País Vasco, aunque su régimen fiscal sea singular- en los órganos de la UE. Si esta cuestión tiene una gran complejidad de por sí, se erige en escollo insalvable cuando las relaciones entre el Gobierno central y el nacionalismo gobernante en Euskadi aparecen envenenadas por la desconfianza. Para el PP, el asunto de la interlocución directa ante la UE supone una reclamación 'maximalista' que se inscribe en la estrategia rupturista del PNV; y para el PNV, lo que hay es una política de involución autonómica del Gobierno. Esa desconfianza recíproca propicia el desconcierto que ayer mismo volvían a expresar los empresarios vascos, justificadamente inquietos por el pugilato político planteado entre ambos Gobiernos en torno a uno de los pocos instrumentos políticos que suscitan la adhesión compartida de los vascos.