División judicial sobre el 'castigo' financiero a partidos que apoyan a ETA

Representantes de asociaciones de jueces y fiscales, así como el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyan la enmienda del PP a la ley de Presupuestos que tiene como objetivo impedir que Batasuna -a la que no menciona- perciba subvenciones públicas derivadas de los procesos electorales en los que participa. Las máximas cautelas ante la medida proceden de los sectores progresistas.

Enrique López, portavoz del CGPJ, tras leer la enmienda, cree que 'se enmarca en la política internacional de bloqueo de las cuentas de organizaciones que apoyan al terrorismo' y en la 'necesidad que el Estado de derecho tiene de armarse'. En cuanto a la valoración de una propuesta legislativa que pretende dejar sin ejecutar sentencias que conceden tales subvenciones a Batasuna, López cree preciso 'conocer el texto definitivo para ver qué leyes van a resultar afectadas'.

José Luis Requero, vocal, como López, propuesto por el PP y procedente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, tiene más claro el efecto: 'Esa enmienda, al impedir que la inejecución de una sentencia dé lugar a indemnización, reforma la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que faculta al tribunal para fijar una indemnización cuando la sentencia no se ejecute, por causa de imposibilidad legal'.

Vicente Magro, nuevo portavoz de la APM, opina que 'si los principales partidos estiman que se trata de una medida adecuada, nos debemos atener a ello'.

Más explícito es el ex fiscal general del Estado y magistrado del Supremo Carlos Granados, uno de los portavoces de la asociación judicial moderada Francisco de Vitoria, para quien 'lo esencial es que una partida presupuestaria no sea utilizada para fines distintos a los que se ha dado e impedir que financie fines delictivos'. Al margen de ello, Granados estima que 'hay que cumplir la ley y lo que digan las resoluciones judiciales'.

En cambio, a Miguel Carmona, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, le 'suena raro' esa enmienda, ya que, 'aparentemente tiene obstáculos jurídicos serios', por lo que 'debe estudiarse más a fondo'.

Por la Unión Progresista de Fiscales, Antonio Camacho cree 'jurídicamente muy discutible incumplir una sentencia que obligue al pago de subvenciones pendientes', así como 'difícil' que la medida tenga 'efectos retroactivos' sobre el derecho a la subvención.