El PP enmienda la orden europea contra el terrorismo para que Batasuna acabe en la lista de la UE

Eurodiputados españoles del Partido Popular y del PSOE intentan introducir algunas enmiendas a la orden europea de detención y entrega para que sea aplicable también a 'organizaciones aisladas que prestan apoyo o colaboración a un grupo terrorista'. De esta forma, entienden los populares que los técnicos de la UE tendrían argumentos jurídicos más claros para incluir en la lista europea de organizaciones terroristas a organizaciones afines a ETA, entre ellas Batasuna, extremo puesto en duda por numerosos expertos en Bruselas en contra del deseo expresado por el Gobierno español.

Dos de las principales enmiendas, que esta noche serán debatidas en pleno y votadas mañana, han sido presentadas en el Parlamento Europeo con las firmas de los eurodiputados del PP Gerardo Galeote y Ana de Palacio, pero representantes del PSOE, como Rosa Díez, ya han expresado su intención de sumarse a la propuesta, sobre todo si es apoyada a su vez por el ponente del informe sobre la euroorden, el liberal británico Graham Watson, con quien negociaban ayer que se sumara a la iniciativa.

Una de las enmiendas para ser incluida en uno de los considerandos de la euroorden, actualmente en discusión en el Consejo de la UE, dice textualmente: 'En la lucha contra el terrorismo es necesario combatir acciones y organizaciones aisladas que prestan apoyo o colaboración a un grupo terrorista facilitándole información o medios materiales, incluyendo la financiación de sus actividades y reclutando individuos para la participación en las actividades de un grupo terrorista'.

Asimismo, los dos citados eurodiputados del PP han presentado este nuevo texto para que figure como artículo cuarto de la norma relativa a la lucha contra el terrorismo, que acompaña a la de la euroorden: 'Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción, la colaboración, la promoción, la complicidad o la tentativa en la comisión de los delitos enumerados sean castigados'.

Eurodiputados del PP consultados ayer interpretan que, de acogerse estas enmiendas, la UE dispondrá de argumentos jurídicos suficientes para que incluso un partido político como Batasuna pueda acabar incluido de una u otra forma en una lista de organizaciones relacionadas con actividades terroristas. Para otros eurodiputados socialistas, se trata 'sólo de un paso político', porque al final tendrán que ser los jueces los que tomen decisiones al respecto, por ejemplo a la hora de ilegalizar o no un grupo determinado.

No sólo eso. Otros eurodiputados consultados comentaron que jurídicamente 'es más que dudoso' que pueda castigarse a 'organizaciones' en su conjunto, y no a individuos concretos.

Al margen de esta polémica concreta, lo que sí dejará claro el Parlamento Europeo es su apoyo a las dos normas europeas sobre la euroorden y la lucha contra el terrorismo. Ambas están siendo analizadas desde septiembre por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y aún no hay acuerdo definitivo al respecto. Los puntos por aclarar todavía se refieren a la definición del terrorismo (Suecia aún debe dar su última palabra), el listado de delitos que serán perseguibles de acuerdo con las normas de la euroorden (Italia ha puesto pegas) y los plazos máximos para conceder la entrega de detenidos al país que los reclame.

Los líderes de los Quince han pedido a los ministros de Justicia e Interior que cierren todos esos flecos en la reunión que mantendrán los próximos 6 y 7 de diciembre en Bruselas. De no hacerlo, serán los jefes de Estado o de Gobierno quienes lo hagan en la cumbre de Laeken-Bruselas una semana después.

En paralelo, jefes de policía y de servicios de información de los Quince están manteniendo estos días contactos para elaborar la lista europea de organizaciones terroristas. Los problemas técnicos ocasionados por el deseo del Gobierno español de que incluso partidos como Batasuna figuren en ese relación han originado en buena medida las citadas enmiendas presentadas en el Parlamento Europeo. La última palabra la tienen los Gobiernos de los Quince, algunos de los cuales muestran su desconcierto ante el hecho de que el Ejecutivo español quiera incluir en la lista a un partido que en España es legal, tiene representantes electos en las instituciones y recibe fondos estatales para sus actividades.