Montoro se escuda en las autonomías para subir las gasolinas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impuso ayer a las comunidades autónomas la subida de cuatro pesetas por litro de gasolina y la posibilidad de aumentarla hasta 1,6 pesetas más en el tramo autonómico a través de un impuesto de nueva creación. La medida fue aprobada por el Consejo de Política Fiscal con los votos de ocho comunidades gobernadas por el PP y la Generalitat catalana y el rechazo de las seis autonomías socialistas. Sólo una comunidad gobernada por el PP, la de Madrid, anunció que aplicaría el tramo del impuesto de su competencia, el autonómico, el próximo año.

El Gobierno del PP se empleó a fondo para lograr que las comunidades asumiesen un nuevo impuesto para financiar la sanidad en el que tienen cierta capacidad normativa para subirlo. El secretario general de Hacienda, Antonio Beteta, se reunió ayer por la mañana con los representantes de las ocho autonomías del PP para instarles a que votaran disciplinadamente la propuesta de Montoro. Algo que hizo, un día antes, el propio ministro.

En la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por la tarde, una sola comunidad, Madrid, mostró su entusiasmo y anunció que aplicaría el tramo autonómico del impuesto. Tres comunidades del PP -Castilla y León, Murcia y Valencia-, aunque anunciaron su apoyo a la propuesta aclararon también que no la aplicarían en su tramo autonómico, el correspondiente a su competencia, al menos, por el momento. Las restantes comunidades del PP -Navarra, Cantabria, La Rioja y Galicia- no dijeron nada en el plenario, pero manifestaron después que aplicarían el tramo que les corresponde cuando fuera 'conveniente'. Una actitud similar mantuvo la Generalitat catalana, que fue precisamente la comunidad promovió de esta iniciativa, aunque en las filas de CiU sostienen que la propuesta del Gobierno no es la suya.

Malestar socialista

Las comunidades más críticas con la medida, las seis socialistas -Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, Baleares y Asturias- expresaron su malestar porque el Gobierno imponga un nuevo impuesto a las comunidades, que tendrán que cargar con su correspondiente impopularidad, con la particularidad, además, de que los ingresos del impuesto se detraeran del Fondo de Suficiencia, pactado en el acuerdo de financiación de julio. Los socialistas recordaron que la primera propuesta de impuesto sobre gasolinas no recogía un tramo estatal sino una tasa exclusivamente autonómica.

Hacienda argumentó que con el actual cuadro macroeconómico sólo podía lograr 250.000 de los 350.000 millones de pesetas pactados en julio con las autonomías como cifra adicional y que las 100.000 millones restantes los trataba de compensar con la recaudación del nuevo impuesto. El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, anunció que el Gobierno preveía que las autonomías recaudarían 136.000 millones por este concepto. A modo de reto, se preguntó que harán dentro de unos años las comunidades que se han opuesto a esta subida.

La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, que anunciaron que no aplicarían de inmediato el impuesto en su tramo autonómico, señalaron que 'tenían que madurar las cosas' antes de tomar esa decisión, como señaló Castilla y León. O 'lo aplicaremos cuando convenga', como dijo Galicia.

El presidente gallego, Manuel Fraga, defendió la creación de este impuesto, entre otras cosas, para 'reducir determinados consumos excesivos' de gasolina.

Hacienda aclaró én el Consejo de Política Fiscal a las comunidades que el tramo estatal entrará en vigor el 1 de enero, previa aprobación de una enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2000. La aplicación del tramo autonómico no podrá efectuarse antes de septiembre. Requiere la aprobación previa de una Ley expresa en cada Parlamento autonómico.

Rodríguez Ponga anunció también que en la negociación final se ha simplificado la tramitación del impuesto para que se cobre a las petroleras y no a las gasolineras individuales, como estaba previsto inicialmente, y que habrá mayor participación de las autonomías en la Agencia Tributaria.