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FISCALIDAD

El PSOE y los transportistas llevarán el nuevo impuesto de carburantes al Constitucional

Los consumidores no descartan movilizaciones contra la decisión del Gobierno

El portavoz de economía del PSOE, Jordi Sevilla, ha anunciado hoy que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto sobre los hidrocarburos aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El PSOE se une así los colectivos de transportistas, agricultores y a las organizaciones de consumidores que esta mañana decidieron recurrir al Tribunal Constitucional para paralizar la aplicación de este impuesto que podría gravar el precio de los carburantes hasta en ocho pesetas por litro.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Sevilla ha negado que este tributo vaya a servir para financiar la Sanidad y lo ha calificado de "parche que intenta trasladar al bolsillo de todos los ciudadanos la incompetencia del Gobierno para presentar unos presupuestos creíbles y adecuados".

Para el diputado socialista, crear un nuevo impuesto como el de los hidrocarburos mediante una enmienda a los presupuestos en el Senado "es sencillamente un fraude de ley, un desprecio más al Congreso y una prueba más de su talante autoritario y poco respetuoso con las reglas de juego de la democracia".

Esta mañana la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, integrada por la organización agraria UPA, organizaciones de transportistas, taxistas, autónomos profesionales, agentes comerciales y subcontratistas, recurrirán ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto especial de hidrocarburos.

Sectores afectados

El coordinador de la Plataforma y secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), Juan Antonio Millán, ha anunciado en conferencia de prensa en Madrid que la Plataforma instará también a todos los grupos políticos, a Comunidades Autónomas y al Defensor del Pueblo a que suscriban este recurso.

Al mismo tiempo, la Plataforma ha informado de que mantendrán nuevas reuniones en el mes de diciembre y ha invitado a todos los agentes implicados a definir el calendario y el tipo de movilización que llevarán a cabo si finalmente el Gobierno aprueba este nuevo impuesto.

Los sectores profesionales afectados por la creación del nuevo impuesto consideran que aportarán más de 90.000 milones de pesetas anuales a las arcas del Estado, lo que supone más de un 40% de lo que el Ministerio de Hacienda espera recaudar por este concepto. Además, acusan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de haber "traicionado" al sector porque se comprometió a mantener la fiscalidad de los hidrocarburos.

En concreto, han indicado que cada transportista de camiones pesados tendrá un sobrecoste de 250.000 pesetas anuales, mientras que los taxistas tendrán que pagar 90.000 millones más al año. Para los agricultores el sobrecoste global asciende a 15.000 millones de pesetas anuales.

Respecto a las poblaciones con menos de 10.000 habitantes, la Plataforma ha señalado que serán las más perjudicadas por la creación del nuevo impuesto, debido al mayor uso del transporte privado, lo que les supondrá un sobrecoste anual de 41.078 millones de pesetas anuales.