Críticas de todos los partidos a la ley antiterrorista que propone Blair

Diputados de todos los grupos parlamentarios, empezando por los laboristas, criticaron ayer el proyecto de ley antiterrorista del Gobierno de Tony Blair, defendido en Westminster por el duro ministro del Interior, David Blunkett. Pese a esas críticas, el proyecto tiene asegurado el respaldo parlamentario necesario para convertirse en ley antes de la pausa parlamentaria de Navidad.

Los diputados no sólo se quejaron del contenido de la propuesta, que defiende la detención ilimitada de extranjeros sospechosos de terrorismo y amenaza con convertir en ilegal cualquier crítica a la religión, también renegaron de las prisas con las que el Gobierno ha actuado. Los diputados han tenido sólo 10 días para estudiar un proyecto de ley de 128 párrafos y sólo dispondrán de tres días de debate para intentar pararlo o modificarlo. 'Cuando esta Cámara ha actuado deprisa, rara vez lo ha hecho con sensatez', advirtió Mark Fisher, ex ministro laborista.

Pero David Blunkett se mostró inflexible en la defensa de sus propuestas, que definió como una respuesta 'proporcionada y razonable' a las amenazas que los terroristas han lanzado contra el Reino Unido tras los ataques del 11 de septiembre.

Detención indefinida

El portavoz conservador de Interior, Oliver Letwin, aseguró el apoyo oficial de su grupo a la propuesta, aunque pidió algunas enmiendas que incluso la endurecen. Los conservadores creen que la detención indefinida de sospechosos puede provocar represalias contra ciudadanos británicos en el extranjero y piden la expulsión automática de esos sospechosos. Blunkett rechazó esa petición alegando que la alternativa a la detención sería el retorno de los sospechosos a países en los que seguramente les esperaría la tortura o la ejecución.

La detención indefinida sin mandato judicial, que exige que Londres suspenda el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos sólo 13 meses después de haberla incorporado a su derecho nacional, ha sido criticada también por abogados y juristas. Admiten el derecho del Gobierno a poner en marcha leyes urgentes para combatir el terrorismo en una situación excepcional, pero rechazan que eso elimine la supervisión judicial. Critican que se niegue a los detenidos el derecho a apelar contra su detención. 'No hay supervisión judicial de ningún tipo', denunció ayer John Cooper en nombre de los abogados británicos.