La Cámara de los Comunes aprueba la polémica ley antiterrorista de Blair

El proyecto de ley sobre lucha antiterrorista diseñado por el Gobierno británico ha pasado su primera prueba con holgura, pero las medidas policiales y judiciales que pretende implantar siguen levantando polémica y trayendo problemas al Ejecutivo de Tony Blair. La Cámara de los Comunes ha aprobado hoy el paquete legislativo por 323 votos a favor y 79 en contra. A partir de hoy será debatido en la Cámara de los Lores, donde los laboristas no tienen la mayoría.

Entre los votos en contra del texto de Blair destacan los de 21 diputados laboristas, que dieron su apoyo a la oposición conservadora y liberal demócrata para frenar un proyecto de ley que critican por precipitado y por poner en solfa los derechos y libertades fundamentales ante la amenaza del terrorismo.

Entre las medidas que contempla el texto, la más polémica es la que permite al ministro de Interior detener de forma preventiva a sospechosos de actos terroristas sin límite de tiempo y sin pasar a disposición de un juez. Entre 15 y 20 personas serían detenidas y sometidas a esta nueva legislación tan pronto como fuera aprobada, según han informado fuentes gubernamentales.

Defensa fiera

Pero pese a la fiera oposición a la ley de los grupos de libertades civiles, la oposición e incluso desde dentro de su partido, el Gobierno no da su brazo a torcer. "De ninguna forma nos vamos a disculpar por presentar un ley de esta naturaleza en estos momentos", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo de Blair. "Los ciudadanos comprenden que tomemos medidas para protegernos".

La detención indefinida sin mandato judicial, que exige que Londres suspenda el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos sólo 13 meses después de haberla incorporado a su derecho nacional, ha sido criticada también por abogados y juristas.

Admiten el derecho del Gobierno a poner en marcha leyes urgentes para combatir el terrorismo en una situación excepcional, pero rechazan que eso elimine la supervisión judicial. Critican que se niegue a los detenidos el derecho a apelar contra su detención. "No hay supervisión judicial de ningún tipo", ha denunciado John Cooper en nombre de los abogados británicos.