El Defensor del Pueblo abre una queja de oficio por la reiterada oposición vecinal a la oficina diplomática
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La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz abrió ayer una queja de oficio por la reiterada oposición de los vecinos de Almería a la apertura de una oficina consular en la ciudad. La queja se remitirá al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno de Almería para solicitar información sobre las protestas organizadas contra la instalación de un consulado.
El Defensor del Pueblo, José Chamizo, pidió ayer 'un acuerdo político' que permita abrir la oficina diplomática y acabar con el rechazo vecinal. 'Este vaivén no puede seguir, se torna ya un tema preocupante', dijo. Chamizo recordó que es la tercera movilización que se produce en Almería para impedir la apertura de una oficina consular, después de las protestas de los vecinos de los barrios de Pescadería, que obligaron a los representantes marroquíes a buscar una ubicación alternativa, y del centro, que se movilizaron ante la simple sospecha de que el consulado hubiera alquilado un local en la calle Gerona. Sus concentraciones finalizaron después de tres días, cuando el propietario del inmueble les explicó que había alquilado las oficinas a la delegación provincial de Turismo.
El Defensor del Pueblo Andaluz indicó que podría 'entender' la preocupación de los residentes en la zona ante la instalación de una oficina que perturbase la actividad vecinal, pero precisó que un consulado 'suele ser un lugar con protección policial'. Chamizo recordó que el consulado de Marruecos en Algeciras (Cádiz) se encuentra ubicado cerca de la Comisaría de Policía para resaltar la 'coincidencia' con la instalación de la oficina de Almería cerca de la Comandancia de la Guardia Civil, uno de los argumentos esgrimidos por los vecinos para justificar su rechazo.
Durante su visita a Almería, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, insistió en que el Gobierno de la nación estaba haciendo todo lo posible para solucionar la situación y convencer a los vecinos de que sus preocupaciones 'no tienen fundamento' y ofrecerles 'seguridad sobre las cosas que les inquietan', informa Ana Torregrosa.
Perales ofreció a la Administración central la colaboración de la Junta de Andalucía y precisó que el Gobierno 'sabe que tiene que garantizar la instalación de este organismo o de cualquier otro'. El consejero rehusó considerar racista el comportamiento de los vecinos del barrio Mediterráneo-Oliveros al recordar que no se han referido en ningún momento a la cuestión desde ese punto de vista.
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