Los jueces de Euskadi exigen seguridad y más apoyo político

Con la desolación en los rostros y una tristeza infinita que les roía las entrañas del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el miércoles al mediodía en Bilbao una reunión de urgencia destinada a evaluar la situación creada con el asesinato, pocas horas antes, de José María Lidón y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compañero. Cuando el documento era sometido a la aprobación de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que sólo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ¿No deberíamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayoría se mostró capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho público tal cual, pero la aparición misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro anímico alcanzado.

'Los jueces que no saben euskera deben dejar el sitio a los que lo saben' (Arzalluz, 1996)

Los magistrados piden que se les garantice a cada uno de ellos la seguridad para ejercer

'Nadie nos puede pedir una heroicidad permanente. Esto va a quedar como un solar'

En las reuniones de estos días, en los encuentros surgidos en torno al cadáver de su compañero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisión de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administración vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y explícito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunización, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extraños, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a raíz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunció el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclamó que los jueces que no saben euskera -sólo lo domina un porcentaje residual- 'deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habrá que atribuirlo a la actitud militante de un núcleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopción, que como el propio José María Lidón asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quizás, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensación de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transición política, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo día de su toma de posesión, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el País Vasco era una justicia provisional, transitoria, de pésima calidad.

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaquín Giménez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guipúzcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, Cándido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos décadas optó por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qué trayectos hace, dónde vive, cómo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', añade, 'ya no sirven medidas genéricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jesús Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', añade Joaquín Giménez, 'porque está en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compañeros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos años atrás'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades también entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los últimos 20 años, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 años de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administración de Justicia recurrió el pasado año a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustitución y suplencia tras un nombramiento honorífico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocación judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces más. El número de funcionarios asciende a 1.700. Sólo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos años de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo albergó la esperanza de sentirse algún día plenamente integrado en el País Vasco. 'Es una situación de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aquí hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no están protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas específicas. 'Hay más trabajo a causa de las vacantes crónicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', señala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su país. 'Nuestros juzgados están a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebastián, por ejemplo, está ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de José María Lidón es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habría que hablar más bien de la consumación de un propósito asesino trabajado durante los últimos años. Eso es algo acreditado por la documentación incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organización terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campañas de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura sólo aparecían 4 jueces en la documentación incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que venían a por nosotros; de hecho, algunos compañeros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando tenía registrados todos sus movimientos al mínimo detalle', indica un magistrado. Durante estos últimos años, el asunto de la seguridad ha dado lugar a polémicas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejería de Interior, si bien en los últimos meses la situación parecía encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar fórmulas de seguridad con aquéllos que reclamaban protección, algo que no se produjo con José María Lidón. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deberían decirnos cuál es nuestra situación y no al revés', dice el titular de un juzgado.

Por las razones que sean: escasez de efectivos, análisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declaró cuando era vocal que no entendía por qué el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la dirección de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del miércoles pasado en Bilbao es la coronación de lo que algunos magistrados llaman 'los años de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descrédito político que se inició en los prolegómenos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evolución lamentable', indica Joaquín Giménez, 'porque durante la época de Ardanza tuvimos siempre una sensación de respeto mutuo. Dábamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se había demostrado en la instrucción de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no estábamos considerados como vascos, muchos no lo éramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuviéramos un discurso propio. Todo ha cambiado después', agrega.

Lo que cambió, según varios magistrados, es la radicalización del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsión de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida rápidamente por la organización radical monolingüística Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organización denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces españoles se han atrevido sin ningún tipo de reparo a juzgar a un euskaldún. Que sepan los buitres el papel a qué están jugando, el desprecio que nos están haciendo a los euskaldunes y cuál es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que sólo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a España'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarrolló una campaña sistemática de 'señalamientos' públicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campaña de amedrantamiento a través de amenazas anónimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilización en las sesiones orales de los intérpretes y traductores y a continuación requerían la expulsión de los magistrados que seguían el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces señalados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del País Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantación de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes serían designados por las instituciones autonómicas, contribuyó a ese clima de 'demonización' de los jueces. 'Era una opción perfectamente legítima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros órganos la titularidad de las competencias para la selección de jueces y para la provisión de cargos judiciales, además de las funciones relacionadas con la inspección de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, también sin éxito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honoríficos euskaldunes.Con la desolación en los rostros y una tristeza infinita que les roía las entrañas del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el miércoles al mediodía en Bilbao una reunión de urgencia destinada a evaluar la situación creada con el asesinato, pocas horas antes, de José María Lidón y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compañero. Cuando el documento era sometido a la aprobación de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que sólo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ¿No deberíamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayoría se mostró capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho público tal cual, pero la aparición misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro anímico alcanzado.

En las reuniones de estos días, en los encuentros surgidos en torno al cadáver de su compañero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisión de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administración vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y explícito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunización, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extraños, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a raíz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunció el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclamó que los jueces que no saben euskera -sólo lo domina un porcentaje residual- 'deberían dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al país, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y España también'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habrá que atribuirlo a la actitud militante de un núcleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopción, que como el propio José María Lidón asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quizás, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensación de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transición política, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo día de su toma de posesión, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el País Vasco era una justicia provisional, transitoria, de pésima calidad.

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaquín Giménez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guipúzcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, Cándido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos décadas optó por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qué trayectos hace, dónde vive, cómo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', añade, 'ya no sirven medidas genéricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jesús Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', añade Joaquín Giménez, 'porque está en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compañeros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos años atrás'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades también entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los últimos 20 años, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 años de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administración de Justicia recurrió el pasado año a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustitución y suplencia tras un nombramiento honorífico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocación judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces más. El número de funcionarios asciende a 1.700. Sólo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos años de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo albergó la esperanza de sentirse algún día plenamente integrado en el País Vasco. 'Es una situación de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aquí hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no están protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas específicas. 'Hay más trabajo a causa de las vacantes crónicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', señala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su país. 'Nuestros juzgados están a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebastián, por ejemplo, está ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de José María Lidón es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habría que hablar más bien de la consumación de un propósito asesino trabajado durante los últimos años. Eso es algo acreditado por la documentación incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organización terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campañas de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura sólo aparecían 4 jueces en la documentación incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que venían a por nosotros; de hecho, algunos compañeros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando tenía registrados todos sus movimientos al mínimo detalle', indica un magistrado. Durante estos últimos años, el asunto de la seguridad ha dado lugar a polémicas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejería de Interior, si bien en los últimos meses la situación parecía encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar fórmulas de seguridad con aquéllos que reclamaban protección, algo que no se produjo con José María Lidón. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deberían decirnos cuál es nuestra situación y no al revés', dice el titular de un juzgado.

Por las razones que sean: escasez de efectivos, análisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declaró cuando era vocal que no entendía por qué el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la dirección de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del miércoles pasado en Bilbao es la coronación de lo que algunos magistrados llaman 'los años de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descrédito político que se inició en los prolegómenos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evolución lamentable', indica Joaquín Giménez, 'porque durante la época de Ardanza tuvimos siempre una sensación de respeto mutuo. Dábamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se había demostrado en la instrucción de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no estábamos considerados como vascos, muchos no lo éramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuviéramos un discurso propio. Todo ha cambiado después', agrega.

Lo que cambió, según varios magistrados, es la radicalización del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsión de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida rápidamente por la organización radical monolingüística Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organización denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces españoles se han atrevido sin ningún tipo de reparo a juzgar a un euskaldún. Que sepan los buitres el papel a qué están jugando, el desprecio que nos están haciendo a los euskaldunes y cuál es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que sólo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a España'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarrolló una campaña sistemática de 'señalamientos' públicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campaña de amedrantamiento a través de amenazas anónimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilización en las sesiones orales de los intérpretes y traductores y a continuación requerían la expulsión de los magistrados que seguían el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces señalados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del País Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantación de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes serían designados por las instituciones autonómicas, contribuyó a ese clima de 'demonización' de los jueces. 'Era una opción perfectamente legítima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros órganos la titularidad de las competencias para la selección de jueces y para la provisión de cargos judiciales, además de las funciones relacionadas con la inspección de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, también sin éxito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honoríficos euskaldunes.