Gobierno central y vasco acuerdan poner escolta a todos los jueces y fiscales de Euskadi

El plan de seguridad acordado hoy entre la Administración central y la vasca y los representantes de los jueces y fiscales destinados en el País Vasco incluye la asignación de un servicio de escolta personal a cada juez, magistrado y fiscal que ejerza en esta comunidad autónoma.

Además de esta protección individualizada a un colectivo formado por cerca de 250 personas, también se reforzarán los servicio de vigilancia y contravigilancia que existen actualmente, según consta en un comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que se difunden las medidas acordadas en la reunión mantenida hoy en Bilbao.

Este plan se ejecutará "de forma inmediata" y, según añade el TSJPV, para su puesta en marcha resulta "necesaria la cooperación de las personas afectadas, observando las medidas de autoprotección que individual y colectivamente se aconsejen".

En lo que respecta a la seguridad de los edificios judiciales, cuya competencia corresponde al Gobierno vasco, se intensificará la presencia de la Ertzaintza en las diversas sedes y se establecerá la supresión de aparcamientos en las inmediaciones de los palacios de Justicia.

Todas estas medidas han sido acordadas en la reunión mantenida hoy en Bilbao por el secretario de Estado para la Seguridad, Pedro Morenés; el viceconsejero vasco de Seguridad, Mikel Legarda; los integrantes de la Sala de Gobierno del TSJPV; representantes de la fiscalía y también de la consejería vasca de Justicia.

Miedo tras el asesinato de Lidón

El objetivo de este encuentro, que ha durado dos horas, era analizar la situación creada tras el asesinato la pasada semana del magistrado José María Lidón.

Los gobiernos central y vasco han ofrecido a los representantes de la judicatura vasca su disposición "a realizar el máximo esfuerzo conjunto de cara a reforzar la seguridad de los magistrados y fiscales que ejercen en el País Vasco", según una nota conjunta hecha pública por ambos departamentos.

Pedro Morenés y Mikel Legarda también expresaron a los representantes judiciales que están "dispuestos a movilizar el mayor nivel de recursos posibles por parte de sus respectivas administraciones y a trabajar de manera coordinada para incrementar la seguridad del personal de justicia".

Tras la reunión, únicamente ha hecho declaraciones a los medios de comunicación el viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, quien ha resaltado que el encuentro se había desarrollado en un clima de "entendimiento mutuo, tanto entre las administraciones como entre los afectados". "Las posibles divergencias se encauzan a través del diálogo y la comunicación", ha añadido.

En su opinión, los jueces han quedado "satisfechos" con los contenidos y los términos en los que ha discurrido la reunión de hoy, cuyo objetivo era "sentar las bases de la seguridad, y eso se ha hecho". Además, ha añadido también que habrá futuras reuniones similares "porque las circunstancias son cambiantes", aunque no se ha fijado un calendario de encuentros.

"Máxima prioridad" del Gobierno vasco

Sobre la seguridad de los jueces destinados en el País Vasco se ha pronunciado también hoy también el recién elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago, quien ha anunciado que se reunirá próximamente con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para tratar sobre este asunto.

El presidente del CGPJ ha señalado en rueda de prensa que ya ha fijado un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y con los de las tres audiencias provinciales de esta comunidad autónoma, el viernes próximo en Madrid.

Hernando ha aclarado que la exigencia que ayer hizo en su toma de posesión a las autoridades del País Vasco para que pongan o refuercen medios con el fin de garantizar la seguridad de los magistrados en el País Vasco no tiene carácter político "sino que es una llamada a la reflexión para que se entienda en la sociedad su función" y ha estimado que no habrá "desbandada" de jueces de Euskadi.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, ha reiterado que es una "prioridad absoluta" del Ejecutivo autonómico garantizar la seguridad de los jueces vascos. Imaz, tras la sesión de Consejo de hoy, ha recordado que en un sistema democrático el Poder Judicial es "absolutamente básico", por lo que se debe "proteger, amparar y garantizar su correcto desarrollo".