Los Gobiernos central y vasco asignarán escolta a todos los jueces y fiscales de Euskadi

Los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco acordaron ayer que se asignará de manera 'gradual' escolta a los 273 jueces y fiscales que ahora trabajan en Euskadi. La reunión celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao entre los números dos de Interior, Pedro Morenés y Mikel Legarda, con los máximos responsables de la judicatura vasca finalizó con un pacto para que los expertos policiales analicen primero y doten después de la 'máxima' seguridad a jueces y fiscales, según confirmaron todos los estamentos presentes en el cónclave.

La preocupación desatada entre los jueces y fiscales vascos tras el asesinato la semana pasada del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón ha quedado amortiguada temporalmente al conocer ayer de primera mano la 'disponibilidad' de los responsables de Interior de las Administraciones central y vasca de 'no escatimar esfuerzos' para asegurar el trabajo de los representantes del Poder Judicial en Euskadi.

El compromiso es que, junto a otro tipo de medidas de seguridad relacionadas con los edificios de justicia, los miembros de la judicatura que ahora no cuentan con escolta tendrán una protección personal. Tras la reunión, los expertos policiales de ambas administraciones evaluarán conjuntamente el grado de riesgo que tienen todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales que ejercen en el País Vasco. Y, a partir de ese análisis, se dotará de manera 'gradual e inaplazable' de escolta a los amenazados, según la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Junto a la seguridad personal, se analizaron otro tipo de medidas, como son los servicios de contravigilancia, las de autoprotección y la flexibilidad de los horarios para evitar comportamientos rutinarios, que, según todo los expertos, son el principal talón de Aquiles de cualquier sector amenazado por ETA. También se acordó la supresión de los aparcamientos en las inmediaciones de los palacios de justicia para evitar atentados como el del pasado 1 de octubre en Vitoria.

Aunque los responsables de Interior evitaron confirmar el dato, la asignación de escoltas llegará a todos los magistrados y fiscales, incluidos los jueces sustitutos, que en el caso de la comunidad autónoma superan los 90. Los jueces y magistrados destinados hoy en Euskadi son 197, a los que hay que añadir los 76 miembros del ministerio publico (entre fiscales y ayundantes). En la actualidad, el número de personas con servicios de acompañamiento (privado o de policía) no supera la treintena. Junto a los responsables de Interior, acudieron el presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla; el viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi; la fiscal jefe, María Ángeles Montes; los tres presidentes de las Audiencias vascas, Ana Iracheta, Victoria Cinto e Íñigo Madaria, y miembros de la sala de gobierno del alto tribunal vasco.

En el encuentro, que discurrió en un ambiente de entendimiento mutuo -aunque en los representantes de la judicatura se podía casi tocar la sensación de 'intranquilidad y tristeza' que les ha dejado el último asesinato de ETA-, los responsables de Interior consiguieron arrancar de los representantes de jueces y fiscales la necesidad de que 'cooperen' con los nuevos planes de seguridad, de 'ejecución inmediata', según precisó la sala de gobierno del TSJPV. Este compromiso no es baladí, ya que los jueces son conscientes de los cambios que se van a producir en su vida con la aplicación de las medidas que ayer explicaron en la reunión los responsables de ambas administraciones. Medidas que 'permitirán reforzar notablemente la protección personal' de los afectados, pero que, según uno de los presentes en la reunión, 'no se van a poder imponer'. 'Cada uno deberá valorar su situación y trasladar su decisión a Interior', añadió. Un problema, el de no aceptar la escolta, que ya se encontraron los partidos con sus ediles amenazados.

Los jueces y fiscales que hasta ahora no han aparecido en la documentación intervenida a los comandos de ETA -89 jueces y nueve fiscales han tenido seguimientos- se comprometen a remitir los datos referidos a su esfera privada para facilitar el trabajo a la policía. Tras la reunión, los máximos representantes de la judicatura celebraron encuentros con jueces y fiscales en Vizcaya y Álava para explicar las medidas. La presidenta de la de Guipúzcoa, Victoria Cinto, lo hará hoy. Además, el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, confirmó sendas reuniones con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y con Zorrilla.