Los jueces piden al consejero vasco de Interior que revise todas sus medidas de seguridad

Los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su recién elegido presidente, Francisco Hernando, quien jura hoy el cargo, pidieron ayer en una reunión extraordinaria celebrada en Bilbao con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y con su consejero de Interior, Javier Balza, que se revisen 'totalmente' las medidas de seguridad de los jueces y fiscales vascos. El dispositivo policial se había rediseñado en octubre conjuntamente entre los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco y los jueces y fiscales, después de que la Ertzaintza interviniera un listado al comando Buruntza de ETA en el que aparecían como objetivos 79 jueces y 9 fiscales. Los datos no estaban aún elaborados, salvo en el caso de un fiscal.

La condena contra el nuevo atentado de ETA manifestada de inmediato por todas las asociaciones judiciales de la magistratura y los órganos de gobierno de los jueces, tanto en el País Vasco como en Madrid, se vio amplificada con los testimonios personalizados de jueces, fiscales, secretarios y abogados en el propio palacio de Justicia de Bilbao.

Fueron precisamente los compañeros de José María Lidón en la Audiencia vizcaína, unos 60 jueces, fiscales y secretarios, los que se reunieron a primeras horas de la mañana para aprobar una nota de condena, mostrar su cercanía a la familia y añadir incluso que están preparados, llegado el caso, para 'juzgar imparcialmente a los asesinos' de su colega. Al mediodía, los alrededores del palacio de Justicia se quedaron pequeños para los 15 minutos de silencio.

Ya por la tarde, minutos antes de que quedara instalada la capilla ardiente, el recién constituido Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con su nuevo presidente al frente, Francisco Hernando, mantenía un reunión en Bilbao con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia Vasco, que preside Manuel María Zorrilla. En el encuentro se encontraban los presidentes de las Audiencias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, Ana Iracheta, Maria Victoria Cinto e Íñigo Madaria, respectivamente.

En la reunión, Hernando trasladó a los representantes de la carrera judicial su solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles, tras el atentado de ayer. Además, se comprometió a mantener un próximo encuentro en Bilbao para abordar en profundidad los problemas que tienen los miembros de la Judicatura del País Vasco. A juicio de los miembros del Consejo, los jueces representan a una institución del Estado que tiene presencia en todos los pueblos de Euskadi y cuya permanencia es necesario garantizar.

Por la mañana, el nuevo Consejo General del Poder Judicial había condenado el atentado en su pleno constitutivo. En el texto aprobado se subraya que el CGPJ 'siempre estará al lado' de jueces y magistrados, en especial de los destinados en el País Vasco. El órgano de gobierno de los jueces trasladó su 'emocionado pesar y solidaridad' con la familia del magistrado asesinado por dos pistoleros de ETA y su apoyo 'más firme' a jueces, magistrados y a cuantos trabajan por la Justicia en España, de modo especial en el País Vasco. A todos ellos les insistió que el máximo órgano de Gobierno de jueces y magistrados 'siempre estará a su lado'. Los veinte nuevos vocales del CGPJ se desplazaron después a la capital vizcaína para reunirse con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Reunión Morenés-Legarda

Posteriormente, se sumaron a la reunión Ibarretxe y Balza, quienes escucharon de primera mano la petición de que se revisen 'todas' las medidas de seguridad de los jueces', algo a lo que ya se había ofrecido el consejero vasco de Interior por la mañana. Se da la circunstancia de que los números dos de Interior de los Gobiernos central y vasco, Pedro Morenés y Mikel Legarda, respectivamente, pactaron el pasado 9 de octubre en una reunión mantenida con representantes de los jueces y fiscales vascos el rediseño de sus dispositivos de seguridad. Después, los presidentes de las tres Audiencias Provinciales vascas remitieron un escrito al Poder Judicial en el que expresan su 'intranquilidad' tras haber sido informados en la citada reunión de que en la documentación incautada por la policía vasca al comando Buruntza de ETA aparecía un listado con datos de 79 jueces y 9 fiscales. Salvo el caso de uno de los representantes del ministerio público, que ya no está destinado en el País Vasco, el resto de los objetivos de la banda terrorista no estaban trabajados. José María Lidón no aparecía ni en ese listado ni en ningún otro intervenido a otros comandos. De hecho, Lidón nunca había sido señalado por los grupos afines a ETA, ni había sido objeto de ningún acto de kale borroka. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, tras visitar a la familia, recalcó que el mundo del derecho vasco está 'en una situación de mucho sufrimiento y necesita nuestro apoyo y solidaridad'.