El PSOE pide responsabilidades a Villalobos por el 'mal funcionamiento' de la red de alerta hospitalaria
Para el PSOE, la presencia de 'sustancias no inocuas' en los dializadores Althane A-18 de Baxter explica las muertes de 11 pacientes de hemodiálisis en España, pero 'no exculpa a la ministra [de Sanidad, Celia Villalobos] de sus responsabilidades políticas'.
La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, insistió ayer en que Villalobos no podía 'irse de rositas'. 'En el verano ya avisamos del mal funcionamiento de la red de alerta hospitalaria', afirmó la diputada.
Rumí recordó que las cuatro primeras muertes se produjeron en el hospital de la Princesa de Madrid entre el 15 y el 18 de agosto. 'Si la alerta hubiera funcionado, se podrían haber evitado las seis muertes de Valencia y la de Barcelona', añadió la representante socialista. 'Todavía no hemos conseguido que la ministra nos diga cuándo se enteró de estas muertes', insistió la diputada.
Rumí fue más allá: 'Me asombra que encima Villalobos amenace con querellarse contra la empresa', afirmó. 'Que tenga cuidado, no sea que la querella se vuelva contra el ministerio', añadió.
Mientras tanto, la investigación judicial en Valencia sigue su curso. La titular del juzgado que tramita las diligencias previas acordó ayer autorizar el envío de análisis de sangre de los seis enfermos renales fallecidos a finales de agosto al Ministerio de Sanidad. Su propósito es comparar el ADN de los pacientes con las muestras genéticas identificadas en los dializadores y poder determinar qué filtro se empleó en cada paciente.
El abogado de la asociación de enfermos renales Alcer, Salvador Sastre, quien, junto a Manuel Mata, representa a las familias de cinco pacientes fallecidos en Valencia, apuntó la posibilidad de que crezca el número de fallecidos a causa del uso de los filtros. Sastre apuntó que ya ha recibido una docena de llamadas de personas comunicándole la muerte en circunstancias similares de enfermos sometidos a hemodiálisis.
Por otro lado, la Generalitat catalana ha anunciado que se sumará a la querella que prevé el Ministerio de Sanidad, según afirmó ayer el consejero de Sanidad, Eduard Rius.
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