El juez ordena detener a la directiva de los pescadores de El Palmar

La amenaza de la cárcel pende más cerca que nunca sobre los 12 miembros de la directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar debido a su testarudez al impedir el ingreso de mujeres en la entidad. Un juez ha ordenado la detención de los 12 pescadores por la condena que se les impuso al desobedecer una sentencia que obliga a aceptar a cinco mujeres que vieron rechazado su acceso y emprendieron un proceso judicial que ha agotado todas las instancias. El letrado de los condenados quiere lograr una suspensión in extremis de la orden.

La providencia del juez es tan breve como explícita. En ella, se ordena 'el cumplimiento de la pena privativa de libertad a que han sido condenados' y su 'detención e ingreso en prisión'. La condena a la que hace referencia el Juzgado de lo Penal número uno de Valencia son los nueve meses de prisión que recayeron sobre los 12 miembros de la junta directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar por desobedecer una sentencia que les obliga a inscribir a cinco vecinas de esta pedanía situada en una pequeña isla de L'Albufera.

La amenaza de cárcel es el último episodio de un serial que comenzó el 6 de julio de 1997 cuando cinco mujeres del pueblo valenciano acudieron a los tribunales para reclamar su derecho a acceder a la comunidad que gestiona la pesca en el lago. Primero fue en los tribunales ordinarios y luego en las más altas instancias judiciales, y las decisiones fueron siempre favorables a las mujeres. De esta forma, la condena de nueve meses fue consecuencia de un delito de desobediencia a una sentencia de la Audiencia de Valencia de 1999 que forzaba a los pescadores a abrir el camino a las mujeres. La resolución, ratificada por el Tribunal Supremo el pasado febrero, ordenaba el ingreso de las mujeres 'como miembros de pleno derecho' y 'en las mismas condiciones que los hombres'. Tampoco se quedó el Tribunal Constitucional al margen del proceso. Esta instancia no admitió el recurso de amparo presentado por los pescadores y subrayó que la marginación de estas mujeres supone 'una discriminación por razón de sexo'.

Después de agotar los recursos, los pescadores ignoraron la exigencia de los tribunales de integrar a las mujeres, por lo que fueron juzgados y condenados por desobediencia, un fallo que el juez ahora quiere ejecutar y en el que se basa para ordenar la detención de la directiva. El abogado de los pescadores, Francisco Davó, dijo ayer que ha pedido la suspensión de la ejecución de esa sentencia y de la orden de detención. Según el letrado, en los miembros de la Comunidad de Pescadores concurren las condiciones que establece la ley: se trata de una condena de menos de dos años y ninguno de ellos cuenta con antecedentes. Sin embargo, fuentes judiciales apuntan a la dificultad de que el juez acceda a la suspensión, una decisión potestativa, cuando los miembros de la comunidad se mantienen en su negativa a obedecer y dar entrada a las cinco mujeres. La solicitud de suspensión aún no se ha remitido al abogado de las mujeres, por lo que la decisión del juez podría alargarse una semana.

La comunidad de pescadores, una entidad fundada en 1238 -el mismo año de la entrada de Jaume I en la ciudad de Valencia- sostiene su oposición a inscribir a las cinco mujeres en que se trata de una organización privada en la que el derecho a la pesca se ha transmitido históricamente a los hijos y nietos varones de los miembros. El Supremo tumbó estos argumentos, ya que consideró inconstitucional la no admisión de las reclamantes, una decisión amparada 'en el hecho de ser mujeres, aunque se haya tratado de configurar como una cuestión de formalidades basadas en normas de derecho hereditario'.