El PP aprueba la Ley de Universidades con el apoyo de los nacionalistas catalanes y canarios

El Parlamento dio ayer el visto bueno a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) elaborada por el equipo de Pilar del Castillo. Desde que la ministra presentó las primeras líneas del proyecto, el pasado 19 de abril, en el Consejo de Universidades no han parado de llover las críticas al texto, que ha sufrido retoques hasta el último momento. El resultado: ocho enmiendas a la totalidad y dos paros de las universidades convocados para el 7 y el 14 de noviembre por sindicatos y alumnos. Con la nueva ley, cambia el sistema de acceso a la Universidad, los profesores pasarán un examen nacional, y las universidades, evaluaciones periódicas. Los críticos califican el texto de 'centralista', 'reglamentarista' y 'contrario a la autonomía universitaria'.

Tras seis meses y medio de polémica dentro y fuera del Parlamento, y con los estudiantes y sindicatos protestando en la puerta del Ministerio de Educación, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con los votos del PP, CiU y Coalición Canaria. Los nacionalistas catalanes justificaron su apoyo al PP asegurando que 'permitirá la elaboración de una ley universitaria propia', mientras saltaban las críticas de algunos rectores catalanes a la actitud de este grupo y todas las universidades de esta comunidad paraban ayer cinco minutos para protestar por esta nueva norma.

El último debate de la ley universitaria en el Congreso estuvo cargado de reproches: CiU arremetió contra todos los colectivos que se han opuesto al proyecto (rectores, estudiantes, sindicatos y partidos de la oposición); el PSOE destacó la intervención política que introduce esta ley en las universidades y, al igual que IU, anunció que volverá a presentar enmiendas al texto en el Senado. Estos dos grupos pedirán además a la Cámara alta que escuche a los representantes sociales, algo que no ha podido hacer el Congreso por oposición del PP a esta petición.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, llegó casi una hora tarde a la sesión parlamentaria de ayer, cuando el portavoz del PNV estaba finalizando su intervención. Sólo escuchó enteramente a los representantes de CiU, el PSOE y de su propio grupo. La ministra no quiso intervenir en el hemiciclo para hacer una última defensa de su proyecto, pero sí hizo posteriormente declaraciones fuera de él. Criticó que el líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, haya dicho que 'una nueva mayoría derogará esta ley' cuando llegue al poder, y se mostró convencida de que 'los universitarios entienden cuáles son las normas del juego democrático y de que las leyes que emanan del Parlamento tienen que ser desarrolladas y aplicadas'.

Zapatero preguntó ayer a José María Aznar en la sesión de control al Gobierno, por qué su partido saca adelante esta ley 'con nocturnidad y alevosía'. El presidente del Gobierno le respondió que no se trataba de modificaciones improvisadas y aseguró que estaba convencido de que los ciudadanos respaldan su ley.

Por la mañana, en la primera hora de debate del texto en el Pleno del Congreso apenas se podían ver diputados en la Cámara. Había siete del PP, entre los que no estaban la ministra ni el presidente de la Comisión de Educación, Eugenio Nasarre, y el doble del PSOE.

Convergència i Unió ha criticado frontalmente sólo dos cuestiones, que no están relacionadas con el contenido de la ley. 'El lamentable proceso de tramitación parlamentaria, que ha coartado los derechos de los grupos políticos', según dijo ayer su portavoz de educación, Ignasi Guardans, y que el PP no haya permitido la comparecencia de representantes sociales en la Comisión de Educación del Congreso para aportar sus puntos de vista.Convergència i Unió, que no ha presentado un texto alternativo propio, empezó su explicación arremetiendo duramente contra todos los que se han opuesto al proyecto del PP, y les recriminó no tener una alternativa al proyecto del PP. Guardans descalificó además el texto elaborado por el PSOE (el único grupo que ha presentado uno) y aseguró que 'podría recibir las mismas críticas que el del PP'. Guardans se enzarzó así en un rifirrafe de reproches al PSOE, del que llegó a decir que 'critica sin hacer una sola propuesta positiva' y que 'ha usado la Ley Universitaria para hacer política catalana desde Madrid'.

El PSOE respondió a las críticas de CiU con contundencia: 'Su apoyo obedece sólo a su debilidad política en Cataluña, y no a ninguna cuestión relacionada con la Universidad', dijo la diputada Carme Chacón. 'Es una barbaridad reformar la Universidad desde fuera de las aulas, de espaldas a quienes deben desarrollar y aplicar la nueva normativa: las comunidades autónomas y las universidades', añadió Chacón.

Pese a las discrepancias

El portavoz de los nacionalistas catalanes hizo ayer un esfuerzo por justificar su apoyo al proyecto de los populares, a pesar de que éste contiene medidas con las que este grupo parlamentario discrepa, como reconoció Guardans, entre las que destacó el nuevo sistema de habilitación nacional del profesorado. La razón de su apoyo a la ley del PP es, según CiU, que introduce medidas 'muy positivas'. Entre éstas mencionó que la actual ley tiene que ser modificada y que la del PP 'clarifica y perfecciona el marco autonómico más allá de la norma vigente', 'es una normativa básica', 'clarifica un marco válido de desarrollo competencial en el ámbito de las becas universitarias' y 'fija un marco jurídico para la enseñanza virtual'.

El portavoz del PNV, Juan Xosé González de Txabarri, reiteró su crítica a que la ley no tenga en cuenta 'el alto porcentaje de personas bilingües y el 8% de trilingües' que hay en España. Este portavoz explicó que las enmiendas de su grupo intentaban acercar la ley más al modelo anglosajón, porque la Universidad necesita 'mayor diversidad, pluralidad y modernidad de la que refleja la ley del PP'.

La diputada de IU Marisa Castro señaló que lo que ha hecho el PP en el Congreso con la ley es aprobar algunas enmiendas de CiU y pasar 'el rodillo' por las demás, y señaló que tiene 'la esperanza de que el Senado escuche las voces de la sociedad sobre esta normativa, cosa que no ha hecho el Congreso'. Castro aseguró que su grupo apoyará todas las movilizaciones contra el proyecto del PP.